MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundació per la Pau e Intermón Oxfam han pedido al Gobierno español que revoque la autorización para la exportación de armamento al Ejército de Tailandia y han advertido de que con estas ventas se agravará "el conflicto interno del país" y se contribuirá a la "represión contra la población civil".
En un comunicado difundido este miércoles, las ONG informaron de que el Gobierno autorizó, durante el primer semestre de 2009, la exportación de varias aeronaves por un valor superior a los 50 millones de euros y de armas de un calibre inferior a 20 milímetros por un valor de 105.452 euros.
Este material, según las organizaciones, "puede incrementar la tensión interna que se vive actualmente en Tailandia, así como ser utilizado en la represión contra la población civil y vulnerar de este modo los Derechos Humanos".
"Sería irresponsable que el Gobierno español ejecutase la venta de material de defensa autorizado a ese país ante el uso imprudente de medios letales ejercido por el Ejército contra los manifestantes", señaló el coordinador del equipo de comercio de armas de Amnistía Internacional, Paco Ortega.
"Estas autorizaciones resultan incomprensibles, dada la grave inestabilidad interna en la que está sumido este país asiático desde septiembre de 2008, con constantes instauraciones del estado de excepción y enfrentamientos entre manifestantes y el Ejército", prosiguió. "El Gobierno español debe revocar urgentemente estas autorizaciones, tal como prevé la ley de armas", advirtió.
MUNICIÓN REAL
Desde el 13 de mayo, cuando el Gobierno tailandés puso en marcha la operación 'Rachaprasong', para desalojar a los manifestantes antigubernamentales del Frente Nacional Unido por la Democracia y contra la Dictadura, los soldados han disparado balas de goma y munición real en varios lugares de Bangkok donde se han llevado a cabo las protestas, recordaron las ONG.
Al menos 35 manifestantes desarmados han perdido la vida y más de 200 personas han resultado heridas, entre ellas varios periodistas tailandeses y de otros países, además de un niño de 10 años, prosiguieron.
"Disparar munición real deliberadamente contra personas desarmadas, incluidos manifestantes, que no representan una amenaza verosímil para nadie es ilegítimo y constituye una temeraria violación del Derecho Internacional relativo al uso de la fuerza", denunciaron.
