MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF consideran que "este es un día de duelo" porque se aprobará definitivamente en el Congreso de los Diputados la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas que, a su juicio, no tiene "ningún espíritu de protección por mucho que diga" el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Así, la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos, considera que el texto de la nueva ley "va a dar carpetazo a 25 años de protección" y, reconoce que, aunque la Ley de 1988 "no era perfecta", a partir de hoy va a ser mucho peor. "Han convertido la costa de un sitio a proteger a un sitio a explotar y que regala el litoral a intereses privados concretos que aparecen en los papeles de Bárcenas", ha denunciado.
Además, ha dicho que la nueva norma vulnera, al menos, diez directivas comunitarias, por lo que ha anunciado que, una vez la Ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado, Greenpeace la denunciará ante la Comisión Europea y espera que "toda la parte de desprotección se anule de forma radical". Al mismo tiempo, Marcos ha indicado que la ONG está trabajando con ICV y PSOE para tratar de que pidan un recurso de inconstitucionalidad de esta ley.
Del mismo modo, el responsable del programa marino de WWF, José Luis García Baras, lamenta la aprobación de la Ley porque con ella España retrocede 40 años en la protección de la costa. Si bien, ha reconocido que la anterior norma necesitaba una modificación relativa al cambio climático, pero no estos cambios donde sistemas lagunares costeros, rías o esteros de alta importancia ambiental "van a ser amenazados por nuevo desarrollo urbanístico".
A su juicio, la nueva ley "no crea más seguridad jurídica sino todo lo contrario" al revisar el dominio público terrestre, porque reduce la superficie de protección y porque se amplían las miles de hectáreas en la zona cercana a la costa, donde se podrá construir.
"Este es un día aciago para la conservación del litoral. La costa ya no será nunca más como la conocemos y a partir de su aprobación, desde WWF seguiremos peleando porque esta ley se pueda dar marcha atrás", ha manifestado, al tiempo que ha anunciado también que denunciarán la norma ante la Unión Europea una vez sea sancionada y publicada.
Sin embargo, ha calificado como "positivo" que antes no se incluyera el dominio marítimo terrestre en los registros de la propiedad, ya que anteriormente se podía inscribir una vivienda ilegal en el registro y ahora no será posible, ya que esto provocaba desinformación a los inversores. En cuanto a la inclusión del cambio climático, García Baras considera que las modificaciones introducidas son más "cosmética" que otra cosa ya que no se van a prevenir los efectos del cambio climático de una manera eficaz.
Por su parte, el coordinador de medio marino de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, ha subrayado que la modificación se ha realizado de espaldas a la comunidad científica, sin participación social y quedándose solo el Ejecutivo del PP contra un consenso público que se había logrado.
FACILITA LAS PLAYAS PRIVADAS
Concretamente, considera que ahora el uso público de la costa, que recoge la Constitución, está en tela de juicio, no solo en los 12 municipios que se amnistían, sino porque se permitirán los usos privativos y actividades económicas en el litoral donde "habrá playas privadas en los hoteles".
Al mismo tiempo, ha criticado la ampliación de las concesiones de 30 a 75 años y que éstas se puedan transmitir inter-vivos. "Los lugares más estratégicos para nuestras costas ya están vendidos y no se van a poder rescatar para el disfrute público. Eso va a depender de las necesidades y de la estrategia de mercado de los concesionarios de estas zonas", ha señalado.
Sáez ha advertido de que con la revisión de los deslindes se desperdiciará los 180 millones de euros empleados en deslidar la costa española y ha añadido que se tendrá que aumentar el gasto en obras costeras de protección de la costa, que en 2012 ascendieron a 150 millones de euros.
"No tenemos claro el modelo hacia el que vamos. No sabemos qué costa queremos con la nueva Ley. El 20 por ciento de la población española vive en la costa y este cambio tan arbitrario sí produce inseguridad jurídica. Esta ley es claramente inconstitucional", ha sentenciado, al tiempo que ha indicado que la denunciarán ante la Fiscalía, "o en la de Medio Ambiente o en la de Anticorrupción" así como ante el Defensor del Pueblo.
