Se quejan de recibir visados de turista en lugar de trabajo y reclaman poder desempeñar su labor con seguridad y libertad
MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Varias ONG españolas presentes en los Territorios Palestinos Ocupados han pedido al ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, que interceda por ellas ante Israel, después de que este país haya decidido cambiar el tipo de visados que concede a los cooperantes internacionales, quienes están recibiendo permisos de turistas donde se especifica que no pueden trabajar, aunque en la práctica se les permita.
Moratinos recibirá mañana en Madrid a su colega israelí, Avigdor Lieberman, un mes después de que visitara España el titular de Defensa, Ehud Barak.
El coordinador general de la Asociación Paz con Dignidad, Luis Pereira, pidió al jefe de la diplomacia española que se ponga "a la cabeza de las reivindicaciones" de las ONG afectadas, como la suya, cuya delegada en Palestina trabaja desde hace meses en Jerusalén Este (considerado internacionalmente como territorio ocupado) con un visado de turista, que dice claramente que "no está permitido trabajar".
En declaraciones a Europa Press, Pereira reivindicó que no se convierta a las ONG en "rehenes" de la relación coyuntural de Israel con la comunidad internacional, de forma que el trato a los cooperantes varíe en función de los gestos o críticas que determinados países tengan con Israel.
Pidió al Gobierno de Benjamin Netanyahu que si quiere expulsar a los cooperantes de los Territorios Ocupados lo haga, pero que si les permite seguir trabajando, les conceda la correspondiente cobertura jurídica con un visado de trabajo, como sucedía hasta otoño pasado. No obstante, Pereira dijo haber percibido en las autoridades israelíes desde hace un mes una cierta disposición a "reconsiderar" que se vuelvan a expedir visados de trabajo.
El visado de trabajo B1, que normalmente se acompaña de un visado multientrada al país y se expide por un periodo de un año, permite a su posesor trabajar legalmente en las áreas que controla Israel, ya sea en los Territorios Ocupados o en el mismo Israel. El de turista, tipo B2, se está emitiendo a cooperantes con una duración distinta dependiendo de los casos (semanas, meses, un año). Los trabajadores humanitarios quedan así a expensas de la interpretación que los oficiales israelíes en las fronteras hagan de su visado, que no les reconoce como tales.
ACSUR-Las Segovias también se ha visto afectada por esta nueva política de Israel. Cuatro de sus trabajadoras han visto cómo después de que caducara su visado de trabajo, las autoridades israelíes les han expedido una visa de turista, aunque su validez es de un año, ha precisado a Europa Press su responsable mediterráneo del área de proyectos, Asier Rodríguez.
Rodríguez reconoció que el Consulado de España en Jerusalén ha seguido "activamente" estos casos, que afectan también a cooperantes de otros países europeos, pero pidió a Moratinos que haga llegar a Lieberman el mensaje de que Israel "debe permitir" que los cooperantes hagan su trabajo en los Territorios Ocupados "en condiciones de seguridad y libertad de movimientos".
En su opinión, España, como presidencia de turno de la UE, debería dar "un giro de 180 grados" en su política actual de "amistad y apoyo" a Israel, con quien consideró que hay que ser más firmes con respecto a sus incumplimientos del derecho internacional.
El responsable de DDHH de Mundubat y vicepresidente de la Plataforma 2015, Carlos Alberto Ruiz, pidió a Moratinos que reclame a Lieberman un "marco jurídico" para los cooperantes y trabajadores humanitarios que respete el derecho internacional. Aunque Mundubat tiene en la zona trabajadores que mantienen a día de hoy sus visados de trabajo, reconoció que en cualquier momento se les puede notificar que acudan a revisar su permiso y manifestó su preocupación por la "incertidumbre" y falta de garantías existentes en torno al estatus de este personal.
Ruiz destacó que existe una obligación internacional derivada de la Convención de Ginebra según la cual Israel, como potencia ocupante, no puede privar a los ciudadanos de los Territorios Palestinos de los servicios que prestan las organizaciones humanitarias.
