MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Infancia considera "un paso atrás en la garantía de los derechos humanos" la decisión del Gobierno de plantear entre las medidas de austeridad la supresión de las Defensorías del Pueblo, en el marco de la reforma de las Administraciones Públicas que presentó el pasado viernes en Consejo de Ministros.
La eliminación de las Defensorías está entre las 217 medidas que incorpora la reforma, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones. En palabras de su portavoz, Ángel Hernández Martín, la Plataforma de Infancia considera que "en tiempos de crisis los recortes no deben suponer en ningún caso un retroceso en la garantía de derechos".
Hernández ha insistido en que "en la actualidad, la figura de las Defensorías del Pueblo y del Menor en las comunidades autónomas goza de un amplio reconocimiento y legitimidad logrados gracias al rigor e independencia de sus actuaciones" y "está dotada de la potestad para conocer las actuaciones de las Administraciones Públicas con vistas a supervisar irregularidades en el ejercicio de sus funciones".
Según el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN), las instituciones nacionales independientes de Derechos Humanos representan un importante mecanismo para promover y asegurar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño --tratado internacional ratificado por España en 1990--.
En el Informe Complementario al III y IV Informe de aplicación de la CDN en España, presentado ante Naciones Unidas y publicado por la Plataforma de Infancia en 2010, se hacía mención al fortalecimiento que desde la figura de las Defensorías del Pueblo y del Menor se hace de las cuestiones de infancia, ampliamente extendida en el territorio nacional y autonómico.
Por esta razón, Hernández Martín sostiene que "la supresión de estos organismos supondría un vacío en el control de la gestión pública y una indefensión de la ciudadanía ante actuaciones de las Administraciones Públicas". De esta forma, la Plataforma de Infancia reclama el mantenimiento de la figura del Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas.
