Actualizado 12/02/2010 13:37

Quince activistas de Greenpeace piden al embajador de Japón un juicio justo para dos detractores de la caza de ballenas

Los activistas frente a la embajda japonesa
Greenpeace


MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de quince activistas de Greenpeace acudieron esta mañana a la sede diplomática de Japón en Madrid para entregarle al embajador una carta en la que la organización ecologista exige un "juicio justo" para Junichi Sato y Toru Suzuki, dos compañeros japoneses que denunciaron públicamente la caza ilegal de ballenas y el contrabando de su carne en 2008 y que serán juzgados por presunto robo y venta de carne de este cetáceo en el mercado negro el próximo lunes 15 de febrero.

Los voluntarios portaban una pancarta en la que se podía leer 'Juicio justo para Junichi y Toru', además de una ballena de 3,5 metros de largo realizada siguiendo el arte del origami (del plegado de papel), con la que mostraban su repulsa al programa de caza 'científica' de ballenas en Japón, que cada año captura un promedio de 700 ballenas en el Santuario Antártico, y que, según recordó Greenpeace, "está en contradicción con todos los tratados de protección de cetáceos".

La organización explicó que los activistas japoneses fueron procesados y acusados de haber robado la carne para venderla en el mercado negro, por lo que se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel, "a pesar de haber entregado a la policía y a los fiscales todas las pruebas que demostraban sobradamente su inocencia".

La responsable de la campaña Océanos de Greenpeace, Celia Ojeda, declaró que "se debe juzgar la caza de ballenas, no a quienes demuestran su ilegalidad". En este sentido, Greenpeace demanda a la justicia japonesa "un juicio justo y limpio, tal como se lo ha pedido la ONU y toda la comunidad internacional".

Recientemente, según explicó la organización, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que el Gobierno de Japón había violado diversas leyes internacionales sobre derechos humanos en este caso, y reconoció que las acciones adoptadas por el Gobierno japonés prueban la existencia de corrupción.