Actualizado 22/01/2008 19:54

Rafael Puertas, co-fundador de Intervida advierte que la ONG "se está muriendo y con ella, sus miles de beneficiarios"

Una comisión rogatoria podría alargar el proceso un año por la no comparecencia de dos testigos ante Garzón


MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El co fundador de Intervida y primer presidente de la entidad, Rafael Puertas, advirtió hoy que el tiempo que tarde en concluir la instrucción judicial sobre su causa y la de su socio, Eduardo Castellón, por la supuesta comisión de delitos fiscales, estafa, delitos societarios y apropiación indebida, es "muy importante" porque "Intervida se está muriendo y con ella, sus miles de beneficiarios" ya que "los proyectos corren grave peligro".

Puertas, que prestó ayer declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Baltasar Garzón, instructor del caso, explicó a Europa Press que la organización "ha perdido ya 190.000 padrinos". Según dijo, "ya era hora de que hubiera un juez de verdad" investigando el caso porque, desde que se decretó la intervención de la entidad el pasado mes de julio, ni él, ni Castellón habían sido interrogados.

Hoy declaró ante Garzón la que fuera secretaria ejecutiva de algunos patronatos de Fundación Intervida, Francisca Ángeles Ruiz, que ha negado todas las acusaciones. Se esperaba la comparecencia de Daniel Fontanilles y Françes Violán, ambos exdirectivos de la compañía residentes en Guatemala. La falta de declaración de ambos testigos de la Fiscalía podría librar una comisión rogatoria que, según informaron fuentes judiciales, supondría alargar el proceso "en torno a un año".

Mañana, se espera la declaración de los testigos, también a petición de la Fiscalía, María Emilia Sádaba, Josep Mayoll Blas y Josep Martí Font. Este último trabajó poco tiempo para Intervida. Según la defensa, "ni siquiera superó el periodo de prueba" para ser contratado en la organización.

LOS ACUSADOS "POR FIN" PRESTAN DECLARACIÓN

En declaraciones a Europa Press, Puertas se felicitó de que "por fin" tanto él como Castellón, hayan podido ofrecer su visión de los hechos y defenderse de los pilares básicos de la querella de la Fiscalía, que les acusa, entre otras cosas, del desvío de 200 millones de dólares procedentes de apadrinamientos a paraísos fiscales; incumplir sus fines sociales; destinar fondos a inversiones inmobiliarias; invertir en banca y construir "colegios de élite" en lugar de escuelas para niños sin recursos.

Sobre el dinero supuestamente desaparecido, Puertas se remitió a las declaraciones de los administradores judiciales de Intervida, quienes, poco después de ser nombrados por la Generalitat de Cataluña para tomar las riendas de la organización, afirmaron que el dinero estaba localizado. Los fondos "siempre han estado a nombre de Intervida, asociados a los proyectos y siempre se han declarado", declaró el co-fundador de la entidad.

En cuanto a los paraísos fiscales, la defensa argumenta que se trata de una maniobra de la entidad bancaria depositaria en Guatemala, que se ve en la obligación de enviar el dinero a este tipo de cuentas para poder mantener el capital en dólares, como era la voluntad de la dirección de Intervida, y así, no convertirlo a la moneda local.

Por otra parte, en lo que se refiere al incumplimiento de los fines sociales, Puerta afirma haber presentado pruebas suficientes a la Fiscalía de Barcelona, primera instructora del caso, que avalan la ejecución de los proyectos de Intervida en Guatemala y Perú, aunque, "es como si nunca hubieran existido" porque "la fiscal en la querella ni lo nombra".

"La fiscal (de Barcelona) las puso en cinco cajas (de la 41 a la 45 en la instrucción del caso) diciendo que era la documentación aportada por los sospechosos, no las pruebas de nuestra inocencia. En la querella no nombra que cuando ella cuestiona los fines sociales de Intervida hemos aportado las certificaciones correspondientes; que cuando ella dice que son escuelas para ricos hemos aportado las pruebas de que son para pobres. Es como si no lo hubiéramos aportado nunca", declaró Puertas.

Pese a ello, tanto Puertas como Castellón afirman tener "la conciencia muy tranquila". "No hemos hecho nada malo, más que dejarnos la piel quince años en la que fuera una obra de la que nos sentimos muy orgullosos, con más de 4.000 trabajadores en todo el mundo y cinco millones de beneficiarios", apostilló Puertas.