El fiscal jefe fijó el sábado en 17 los años del joven camerunés que el Instituto del Menor se negaba a acoger
MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Raíces ha llevado a los tribunales el caso de 18 menores subsaharianos que están en la calle o en programas de asistencia social al negarse la Comunidad de Madrid a asumir su tutela por cuestionar la autenticidad de la documentación que poseen para acreditar su edad.
El abogado de esta asociación, Juan Ignacio Mata, ha interpuesto una demanda en los Juzgados de lo Civil por cada uno de los chicos para que el Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid se haga cargo de los mismos.
"Están documentados, pero la Comunidad se niega a tutelarlos. Algunos están en la calle y otros en programas de asistencia social", explicó a Europa Press el letrado de Raíces, quien apuntó que los jóvenes tienen 16 y 17 años.
Mata adelantó que irán a la Fiscalía de Madrid para dar a conocer la situación que afrontan estos chavales, en su mayoría del África subsahariana. La Comunidad ha determinado que tienen mayoría de edad a raíz de las pruebas óseas realizadas en una clínica privada.
MENOR CAMERUNÉS
El pasado sábado, el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, estableció mediante un decreto de determinación de edad en 17 los años del joven camerunés que el Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid se negaba a tutelar al dudar de la autenticidad de su pasaporte, pese haber sido expedido por la Embajada de Camerún y certificado por el propio embajador del país.
Así lo explicó a Europa Press una de las abogadas del menor, Sonia Relló, quien señaló que el viernes por la noche, después de que el Fiscal de Guardia determinara que no iba a intervenir en el asunto, decidieron llamar a Eduardo Esteban para ponerle en conocimiento de la situación porque consideraron que "no era razonable" el trato que estaba recibiendo el joven.
Según señaló la letrada, Esteban, que no estaba al tanto de este caso, dio la orden de mandar al joven al centro de acogida de menores de Hortaleza, al que fue trasladado en un coche patrulla desde la Fiscalía de Menores. Asimismo, dictó un decreto de determinación de edad, en el que señalaba que aunque existían "contradicciones", hasta que no se demostrara lo contrario, la edad del joven se fijaba en 17 años.
Estas contradicciones, según el decreto, nacían de la presencia de un documento público como es el pasaporte del joven expedido por la Embajada de Camerún y certificado por el propio embajador del país, y por otro lado, una radiografía realizada a petición de la Comunidad de Madrid en el que se establecía la edad en 18 años.
En aras de proteger al joven, el fiscal jefe de Madrid decidió fijar la edad en 17 años, lo que obliga, entonces, a que el Gobierno regional se haga cargo de la tutela del camerunés por tratarse de un menor.
Ahora hay varios frentes abiertos que la abogada de la Fundación Raíces considera que se van a solucionar porque "no tienen ningún sentido". Por un lado, el pasado miércoles la Comunidad de Madrid interpuso una denuncia ante los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla contra el chico por falsedad documental, archivando su expediente y obligándole a abandonar el centro de acogida de menores de Hortaleza.
Es un Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla quien ahora tiene que determinar si este documento es falso. "Creo que se va a archivar en cuanto el juzgado vea que está el certificado del embajador de Camerún", señaló la abogada.
Por otro lado, hay dos demandas, una presentada el pasado jueves y otra ayer, en las que se pide que se obligue a la Comunidad de Madrid a asumir la tutela. "Esto tendrá que resolverse", apostilló. Mientras tanto, el afectado va a ser considerado que tiene 17 años, y por lo tanto, tendrá los derechos de cualquier menor.
DUDAS SOBRE SU EDAD
Según comentó la letrada cuando salio a la luz el caso, el chico llegó en cayuco a Motril en abril de 2009, sin documentación. En el Centro de Extranjería de Adultos se le practicó la primera radiografía que estableció que su edad podría ser la de 18 años. De ahí, le mandaron a un centro a Madrid hasta que agotó los 40 días previstos en la Ley para su acogida y le dejaron en libertad.
Ya en libertad, comentó a una trabajadora social que era menor de edad y ésta le recomendó que fuera a la Embajada de Camerún para que le tramitarán un pasaporte que acreditara que había nacido el 5 de mayo de 1992. Una vez que obtuvo el pasaporte, la Comunidad abrió un expediente y el chico ingresó en un centro de acogida de menores.
Entre tanto, la Comunidad ordenó que se le practicara otra radiografía para verificar su edad, algo habitual en este tipo de casos, según la Consejería de Familia. La prueba estableció en octubre de 2009 que tenía en torno a 18 años, manteniéndole la Comunidad en un centro hasta ahora.
