MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha alertado de los riesgos del transporte de residuos nucleares hasta el Almacén Temporal Ceentralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), en caso de que se lleve a cabo, para 216 municipios por los que pasarían unos 40 camiones al año, con el riesgo de accidente de tráfico que ello supondría. Así lo recoge la organización en su iniciativa 'El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios'.
Así, la ONG ha alertado de que durante el transporte de estos residuos se irradiaría a las personas más próximas a los contenedores; que pueden producirse accidentes como ya se han dado en otros lugares como Estados Unidos y Reino Unido; que los contenedores no son invulnerables y del riesgo que supondría para la economía.
Asimismo, el documento traza las siete rutas que seguirán los residuos nucleares de camino al ATC, designadas por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). En concreto, los 40 camiones que transportarán los residuos circularán anualmente circularán por Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, lo que supondría una media de tres transportes cada mes, según los cálculos de Enresa.
Estas rutas pueden ser consulatadas a través de un mapa interactivo en la web www.greenpeace.es/maparutasnucleares. También se puede consultar la situación de las centrales nucleares, del cementerio nuclear y de los puntos negros de la carretera por los que pasarán las rutas. A través del mapa, la ciudadanía puede enviar un email a los responsables de los municipios afectados para pedir una moratoria.
Por otro lado, la organización denuncia que en la actualidad el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha tramitado su informe para la autorización previa para el emplazamiento y ha iniciado la licitación de la obra civil, "sin tener aún" todos los preceptivos informes previos, lo que pone de manifiesto una "situación irregular".
Por todo ello, Greenpeace pide al Gobierno Español la paralización "inmediata" de este proyecto mediante una moratoria que implique la paralización de los permisos, autorizaciones y licencias hasta que se actualice el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, se concluyan todas las evaluaciones de peticiones de información técnica y estas decisiones se sometan a un proceso de participación pública para escoger la alternativa socialmente más apoyada.
