MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto (AVIDA), Juan Carlos Paúl, ha denunciado que algunas empresas trabajan en países subdesarrollados o en vías de desarrollo con amianto --sustancia venenosa y prohibida en la mayoría de países occidentales-- lo que ha calificado como "una triste realidad".
Así, el presidente ha recordado que en España el medio centenar de vecinos de Cerdanyola y Ripollet, ambas localidades pertenecientes a la provincia de Barcelona, van a ser indemnizados con casi cuatro millones de euros debido a la condena, conocida este martes.
El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha obligado a Uralita a abonar un total de 3,9 millones de euros a 45 ciudadanos afectados por amianto o sus herederos de dichas localidades barcelonesas, que reclamaban indemnizaciones por valor de cinco millones de euros.
En este sentido, el presidente de AVIDA matiza que durante el juicio las empresas alegaron "desconocimiento de los efecto nocivos" por lo que su uso ahora en países subdesarrollados hace que la "excusa no sirva para nada".
Asimismo, el presidente de la asociación ha señalado, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que el hecho de que los demandantes no sean los trabajadores de la fábrica sino los vecinos afectados "abre caminos" para evitar que situaciones similares "puedan seguir ocurriendo".
También se ha referido a que las personas afectadas aún tienen secuelas y ha señalado que sólo conocemos el 2 ó 3 por ciento de los casos. A este respecto, ha especificado que "bastante más gente" puede sufrir problemas por el amianto y no lo sabe por desconocimiento.
SENTENCIA
La sentencia, dictada el pasado 5 de julio, considera "acreditada la relación de causalidad entre la actividad industrial realizada en la factoría de Uralita y la generación de condiciones suficientes y necesarias para un ambiente contaminado en el que habrían de surgir patologías pulmonares en la población circundante a la fábrica o familiares de los trabajadores".
Esta es la primera sentencia que se dicta en España por una demanda civil presentada por un grupo de habitantes de poblaciones próximas a una de las fábricas que utilizaron esta materia prima desde principios del siglo XX hasta su prohibición en 2002. Hasta ahora, sólo existían sentencias por demandas presentadas por trabajadores dictadas por los Juzgados de lo Social.
Fuentes de Uralita confirmaron a Europa Press que recurrirán las sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, ya que considera que siempre cumplió las legislaciones vigentes sobre el tratamiento de amianto que se fueron imponiendo a partir de los años 70, cuando comenzaron a conocerse sus efectos nocivos.
Las indemnizaciones otorgadas son de carácter individual, dependiendo de los diagnósticos médicos, y van desde un máximo de 470.755 euros a un mínimo de 43.078 euros por los daños físicos y morales provocados. La mayoría se vieron afectados por placas pleurales y abestosis, enfermedades que se desarrollan a lo largo de los años y que pueden generar cáncer.
IMPRUDENCIA POR PARTE DE URALITA
La sentencia concluye que, a pesar de que los efectos nocivos del amianto se fueron conociendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Uralita incurrió en un "punto de imprudencia" que "no puede eximirla" aunque "se hubiese ajustado a la normativa vigente y a pesar de las medidas de prevención e inversiones".
"Viene a ser una muestra de cómo una práctica dirigida en principio a paliar el subdesarrollo o la falta de infraestructuras de algunas zonas de España en la segunda mitad del siglo pasado, se ha vuelto, con el tiempo, en contra de la población", explica la sentencia.
El juez considera que la causa de las enfermedades fue "la actividad industrial realizada desde 1907" y que los medios de transmisión fueron "las emisiones en forma de polvo de asbesto, la manipulación de ropas de trabajadores y la contaminación derivada de la degradación de depósitos de residuos", que se utilizaron para asfaltar las calles.
Uralita defiende que siempre respetó las legislaciones vigentes y que incluso se adelantó a las restricciones normativas con inversiones de seguridad de más de seis millones de euros. La fábrica de Cerdanyola se cerró en 1997 después de casi 100 años en funcionamiento.
La primera legislación sobre el tratamiento de esta materia prima en España se dictó en 1982, tras la aparición de los primeros casos, y obligó a las empresas a controlar los niveles de exposición de los trabajadores.
En 1984, se dictó una Orden Ministerial que aprobó el 'Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto', que se complementó posteriormente con otras normas más extensas. El 15 de diciembre de 2002 España prohíbe definitivamente la producción, comercialización e instalación de amianto y de productos que lo contengan.
