EUROPA PRESS
MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización WWF reclama al futuro Gobierno que derogue totalmente la modificación de la Ley de Costas porque eso es "esencial para revertir la actual desprotección del litoral, asegurar el futuro de las poblaciones costeras y conservar los ecosistemas amenazados".
Así se ha pronunciado la ONG tras la sentencia del Tribunal Constitucional que estima parte del recurso presentado por el PSOE en contra de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas de 1988, aprobada en 2013. En su opinión, "pese a este varapalo judicial", WWF cree que con esta reforma en vigor la costa seguirá en peligro.
A su juicio, el futuro Gobierno debe impedir que se reconozcan enclaves privados en el dominio público marítimo terrestre, eliminar las concesiones incompatibles con su conservación y favorecer la adaptación de la costa al cambio climático.
Respecto a la sentencia, explica que "sólo" ha eliminado algunos de los artículos más conflictivos y que solo entra en los aspectos legales, pero no en los técnicos, como dónde se marca el límite de las zonas marítimas o el concepto de dunas, que son "cruciales" para proteger el litoral.
La sentencia acepta la reducción de la servidumbre de protección de la costa de 100 a 20 metros en núcleos urbanos, y la prórroga de las concesiones otorgadas a las construcciones realizadas legalmente antes de la entrada en vigor de la Ley del 88.
Sobre la "reforma estrella" del exministro Miguel Arias Cañete, WWF destaca que el "duro golpe" del Tribunal Constitucional declara inconstitucional por su arbitrariedad la desprotección de las salinas y la isla de Formentera.
La ONG recuerda que la ley fue aprobada con el rechazo de todos los grupos parlamentarios y la oposición frontal de las organizaciones ambientales, que denunciaba la desprotección y privatización que suponía para el litoral y la inseguridad jurídica que representaba para los intereses públicos.
Además, la ONG valora que la sentencia anula la desprotección de Formentera por "carecer de justificación racional" y porque reducía el Dominio Público Marítimo Terrestre en toda la isla sin explicar "los elementos basados en datos científicos, objetivos y contrastados, que diferencian este territorio del resto del archipiélago balear, o del resto de la costa española". También anula una disposición por la cual se legalizaba una depuradora en Cantabria previamente declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
