España se opone a que se destine más dinero a los países de la ampliación para ayudarles a recortar emisiones
BRUSELAS, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete constataron hoy que ya existe un acuerdo sobre el 90% del paquete de medidas para poner en práctica los objetivos que se ha fijado la Unión Europea para luchar contra el cambio climático, el denominado triple 20 para 2020 (20% de reducción de emisiones, 20% de cuota de renovables y 20% de ahorro energético). Las cuestiones más difíciles deberán zanjarlas los jefes de Estado y de Gobierno, que tomarán la decisión final en la cumbre del 11 y 12 de diciembre.
"Hay acuerdo en el 90%. Lo más duro es el 10% restante, pero es normal", explicó el ministro francés de Ecología y presidente de turno del Consejo, Jean-Louis Borloo, al término de la reunión. Borloo aseguró que ningún Estado miembro cuestiona ya los objetivos del triple 20 y que sólo hay diferencias en cuanto a los métodos.
Las dos principales cuestiones pendientes que deberán resolver los líderes europeos son cómo evitar que las industrias europeas se deslocalicen a otros países que apliquen reglas menos estrictas en materia de lucha contra el cambio climático (lo que se denomina 'fugas de carbono') y qué mecanismos de solidaridad se ponen en marcha para ayudar a los países del Este a reducir emisiones.
Por lo que se refiere a esta última cuestión, España señaló que no está dispuesta a renunciar a parte de los ingresos que, según la propuesta de la Comisión, le corresponderían por las subastas de permisos de emisión para compensar a los socios de la ampliación. "Somos partidarios de que esto no se toque, porque cualquier distorsión en estos elementos lo que hace es abaratar en mayor o menor medida el coste de cumplimiento para algunos Estados y endurecer o encarecer el coste de cumplimiento para otros", dijo la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera.
Como ya sucediera en la cumbre de octubre, Italia volvió a amenazar con vetar el conjunto del paquete por considerar que su coste es excesivo. "Si nuestras exigencias no se tienen en cuenta, nos tendremos que oponer", dijo la ministra de Medio Ambiente, Stefania Prestigiacomo. La delegación italiana pidió una cláusula de revisión en 2014 para reexaminar el objetivo de renovables, algo que rechazó de plano el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas. "No se puede aceptar si se cambia el objetivo", señaló el comisario.
Tanto Dimas como Borloo resaltaron que la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos facilita las cosas para la UE porque éste se ha comprometido a alcanzar un acuerdo internacional para combatir el cambio climático, algo que se quiere lograr en Copenhague a finales de 2009.
También Australia, Japón e incluso China han dado signos de querer sumarse a este consenso. Si se cierra este acuerdo, ya no existirá el riesgo de fuga de carbono, la cuestión que más preocupa a la industria europea, y todos los países competirán en igualdad de condiciones. "Lo que ha cambiado es que hasta ahora estábamos discutiendo de todo como si no fuera a haber acuerdo en Copenhague y hoy todos pensamos que habrá un acuerdo en Copenhague", subrayó Borloo.
Por su parte, el secretario de Estado británico de Energía y Cambio Climático, Ed Miliband, insistió en que el paquete de medidas debe conservar su "integridad medioambiental". En este sentido, abogó por un incremento de las subastas de los derechos de emisión y que sólo se dispense a aquellos sectores con un "riesgo real" de fugas de carbono.
Todo apunta a que el compromiso final permitirá que la mayoría de las industrias comunitarias (el 90%) sigan recibiendo gratis los derechos de emisión, al menos hasta que haya un acuerdo internacional para luchar contra el cambio climático en el que estén presentes Estados Unidos y China, según informaron fuentes diplomáticas. Se busca así contentar sobre todo a Alemania, aunque la mayoría de Estados miembros y también la Eurocámara están dispuestos a aceptarlo, según las fuentes consultadas.
La Comisión había propuesto que a partir de 2013 el sector eléctrico pague el 100% de los derechos de emisión, mientras que para el resto de sectores industriales se subastaría únicamente el 20% de los permisos, aunque esta cifra iría aumentando progresivamente hasta el 100% en 2020. Los Estados miembros quieren reducir los porcentajes previstos para los sectores industriales, aunque con la propuesta que se maneja para evitar las 'fugas de carbono', sólo el 10% de la industria --fundamentalmente el vidrio y el yeso-- tendría que pagar.
Por lo que se refiere al sector eléctrico, los antiguos 15 Estados miembros están de acuerdo con que se subasten el 100% de los permisos, mientras que los países de la ampliación piden rebajar esta cifra. La solución que se ha encontrado es dar a estos países un periodo transitorio, de manera que el sector eléctrico sólo deberá pagar por el 100% de los derechos de emisión en 2016.
COMPENSACIÓN A LOS NUEVOS SOCIOS
El principal punto de desacuerdo sobre este paquete, que era el año de referencia que se utiliza para calcular la reducción de emisiones, está ya prácticamente resuelto: será 2005, el primer año en el que hay datos sobre emisiones verificadas, y no 1990 como reclamaban los países de la ampliación. Estos Estados miembros pedían 1990 para que se reconocieran los "esfuerzos tempranos" que hicieron en la reducción de emisiones a raíz de la reconversión industrial que siguió a la caída del comunismo.
Para compensar estos "esfuerzos tempranos", la solución que se baraja es dar nuevas ayudas a los países de la ampliación. Bruselas había propuesto que cada país se quedara con el 90% del dinero recaudado en las subastas de derechos de emisiones y que el 10% restante se repartiera atendiendo al PIB per cápita para reforzar la solidaridad con los países más necesitados. Este mecanismo permitía que España recibiera el 102% del dinero.
Eslovaquia ha propuesto modificar este sistema de reparto para que cada Estado miembro se quede con el 85% del dinero y que el 5% extra se destine exclusivamente a los países de la ampliación. Ello perjudicaría a España, que recibiría alrededor de 100 millones de euros al año, según las fuentes consultadas.
El último punto de desacuerdo grave que se deja para la cumbre es el uso de los mecanismos de desarrollo limpio, es decir, la posibilidad de que las empresas adquieran permisos de emisión mediante inversiones en países en vías de desarrollo para reducir allí las emisiones. La Comisión ha impuesto límites muy estrictos a este sistema de flexibilidad a partir de 2013. Sólo se podrá utilizar para reducir un 3% las emisiones. Países como España piden que se pueda llegar al menos hasta el 5%.
La presidencia francesa ya ha previsto que todos estos temas pendientes hagan que la cumbre de la semana que viene se alargue al menos hasta el viernes por la tarde.
