MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) asegura que devolver sobre la marcha como se hizo en Ceuta a inmigrantes recién llegados a nado a la costa es "una ilegalidad manifiesta" pese a lo que "invente" el ministro del Interior, quien hoy ha defendido esta práctica diciendo que es "política de Estado" y que obedece a "un concepto operativo" que adapta la legislación a las circunstancias particulares de las ciudades autónomas.
En concreto, el ministro ha explicado con detalle que los 23 inmigrantes que el pasado jueves sobrevivieron al mar y consiguieron llegar al Tarajal fueron rechazados de inmediato y entregados a las fuerzas marroquíes sin las garantías de la Ley de Extranjería porque técnicamente, no habían entrado en España. Para ello, habrían tenido que superar el cordón policial que los agentes de la Guardia Civil desplegaron en la playa representando en tierra firme la "línea imaginaria" que en mitad del mar separaría Ceuta de Marruecos.
"Desde el punto de vista jurídico está diciendo barbaridades y está amparando actuaciones manifiestamente ilegales y no hay ningún género de duda. Me parece increíble e inconcebible que un ministro se invente semejante excusa. Es echarle demasiada imaginación", ha sentenciado el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Paco Solans, en declaraciones a Europa Press.
El experto incide en que se trata además, de "una cuestión de derechos humanos, por lo que la única interpretación posible de la ley es en favor de los mismos", esto es, "si cabe algún tipo de margen interpretativo legal para soluciones imaginativas siempre debería ser hacia el lado contrario y no hacia el que reconoce el ministro".
En este sentido, ha afirmado que el calificativo "interpretación operativa de la ley" para adaptarla a las circunstancias de Ceuta y Melilla con el que el ministro se ha referido a estas devoluciones en caliente "es un término que jurídicamente no existe, no entra en el Derecho y es inventado". Además, indica que no tiene ningún encaje: "no puedes aplicar una ley de forma distinta en un territorio nacional o en otro sólo porque te sea más o menos fácil".
"No cabe ninguna manera que esa mayor facilidad justifique un incumplimiento de la ley. El ministro lo que dice es: 'como a mi aquí me resulta más fácil no aplicar la ley, no la aplico'. La ley dice que este señor ha entrado en España y que usted no le puede dar una patada sino que tiene que abrirle un expediente. El ministro dice que le da una patada porque es más operativo", explica el letrado.
En este sentido, recuerda que "la ley está para limitar la actuación de todo el mundo y en este caso, tiene que limitar la actuación de los poderes públicos en garantía de los Derechos Humanos y eso es lo que significa establecer un procedimiento".
"El ministro se lo está saltando dando además una excusa burda. Alguien le tiene que decir que está haciendo una actuación ilegal y me temo que va a tener que ser un juez. Con esas mimbres, habrá que valorar que este señor tenga que verse ante los tribunales por un delito, pero ya no digo el guardia civil que lo ejecuta, sino el propio ministro", ha señalado Solans.
En cuanto al argumento de que se trata de una "política de Estado" que desde el año 2005 han ido aplicando los sucesivos gobierno, el experto dice que con estas palabras, "en todo caso, lo que estaría haciendo el ministro sería acusar al resto de Gobiernos" pero en ningún caso justifica la actuación.
"Esto de que sea política de Estado es una calificación muy particular que puede hacer el ministro del Interior, pero la calificación jurídica verdadera es que es una política de vulneración de derechos humanos y eso sí que está en los manuales de Derecho", ha sentenciado.
El portavoz de la Subcomisión de Extranjería destaca que "antes, por lo menos, tenía la vergüenza de negarlo". "Hasta esta mañana la polémica era entre los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla que negaban las devoluciones en caliente y el ministro que había admitido que podría haberlas en casos puntuales. Ahora no es que se diga que se hace alguna vez, es que dice claramente que se está haciendo y que considera que es legal. Es escandaloso", ha comentado.
"NI CON LOS BALSEROS DE CUBA"
El único precedente en España de algo semejante es una instrucción que emitió el Fiscal General del Estado en tiempos de José María Aznar, Jesús Cardenal, quien aclaraba la diferencia entre haber entrado o estar entrando en territorio nacional para establecer que en el primer caso se aplicaba la expulsión (procedimiento con garantías) y en el segundo, la devolución.
Solans recuerda que la aplicación de aquella instrucción generó "todo tipo de abusos" como devoluciones de extranjeros en San Sebastián sólo "porque tenían arena en las botas". No hubo pronunciamientos judiciales sobre el tema porque no dio tiempo: la modificación de la ley de extranjería dejó sin validez aquella instrucción.
El letrado señala que ni siquiera en la época más dura de Estados Unidos contra la inmigración procedente de Cuba se aplicó medida similar. En las costas de Florida, cuando el balsero pisa la playa se considera que ya ha entrado en Estados Unidos y por lo tanto, se siguen los procedimientos administrativos diseñados para esos casos.
