Actualizado 04/06/2014 19:00

Abogacía Española denuncia que Interior no respetó la ley al permitir entrar a policías marroquíes a la isla de Perejil


MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía Española ha denunciado que el Ministerio de Interior no respetó la ley al permitir este martes que policías marroquíes entraran en la isla de Perejil para expulsar a trece inmigrantes. En este sentido, exige que se investiguen las circunstancias en que se produjeron los hechos e insta a la Fiscalía General del Estado a que actúe para depurar cualquier tipo de responsabilidad, individual y colegiada, en que se pudiera haber incurrido.

"El Ministerio del Interior ha vuelto a no respetar los límites que la ley impone a su actuación y con ello los derechos de las personas que pese a encontrarse en territorio español, la isla de Perejil, fueron entregadas sin el cumplimiento de ninguna formalidad legal a fuerzas policiales marroquíes", ha advertido.

Según destaca la Abogacía, hace pocos años el Gobierno puso en marcha "un gran operativo militar para defender la soberanía nacional en ese mismo islote" mientras que este martes "permitió a la policía marroquí acceder a ese mismo territorio, eludiendo las obligaciones que la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley exigen de las autoridades españolas".

Entre el grupo de personas que se encontraba en aquel momento en la isla, Abogacía asegura que algunos eran menores de edad, solicitantes de asilo y procedentes de zonas en conflicto. Además, ha indicado que la "gravedad" de la actuación se intensifica al saber que los trece inmigrantes, procedentes presumiblemente de República Centroafricana, habrían demandado asistencia letrada.

El Colegio de Abogados de Ceuta comunicó este martes a la Delegación del Gobierno la puesta a disposición de estas personas de cuantos abogados del Turno de Oficio fueran necesarios para garantizarles asistencia letrada.

La Subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española espera que "de forma inmediata se restaure la legalidad y se garantice a las personas entregadas a las autoridades marroquíes desde territorio español los derechos fundamentales que la Constitución y leyes españolas otorgan a cualquier persona que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado español".