MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Políticas de Igualdad del PSM, Carmen Toledano, ha señalado que su formación política está siendo vigilante con la Comunidad de Madrid en el desarrollo de la puesta en marcha de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En este sentido, anuncia que cualquier incumplimiento o irregularidad observada será puesta en conocimiento a los Ministerios de Igualdad y de Sanidad y Políticas Sociales.
Toledano y la portavoz Socialista de Igualdad en la Asamblea de Madrid, Josefa Pardo, han denunciado que el Gobierno regional incorpora en la información emitida por la propia Comunidad y dirigida a las mujeres una relación de entidades y asociaciones de apoyo a la mujer embarazada, en la que el 99% son organizaciones "antielección" claramente posicionadas en contra de la interrupción del embarazo, incluso incorporando en el listado a universidades católicas, como San Pablo-CEU.
Hay que señalar, recuerda Toledano, "que la Ley a este respecto es clara y nítida, y que en su articulado textualmente recoge que a la mujer se le entregará un sobre cerrado con las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto, datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro, y datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo.
La información que ha incorporado la Comunidad de Madrid, además de ser parcial supone "una clarísima burla" a lo expresado en la Ley, por no mantener ni respetar la más mínima objetividad, transparencia y rigurosidad en la información, dado que no aparece ningún centro de planificación familiar, o incluso la propia Federación de Planificación Familiar de Madrid, entidades que están directamente relacionadas con la información sobre anticoncepción, sobre educación sexual, afirma Toledano.
Ambas responsables consideran que el gobierno de la Comunidad de Madrid y las consejerías implicadas, están vulnerando claramente lo establecido en la Ley y sobre todo impidiendo que las mujeres tengan una información completa y detallada de todas las entidades, para que libremente pueda optar por las que considere más adecuadas conforme a sus necesidades.
Por su parte, Pardo solicita al gobierno regional que cumpla con su responsabilidad y que, en el ejercicio de sus competencias, ponga en marcha todos los medios y recursos necesarios para el cumplimiento objetivo de lo establecido en la Ley, "para garantizar el acceso a una información completa, no sectaria, ni intencionada y evitar cualquier intento de coaccionar a las mujeres en su derecho a decidir libremente".
