MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid solicitará que en las denuncias de violencia doméstica conste si el afectado es discapacitado para "hacer más visible la doble discriminación", según ha avanzado la presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes.
En la apertura del IX Congreso Estatal del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cifuentes ha señalado que el Gobierno está trabajando en una Estrategia Madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad, con el objetivo de "sentar las bases de una sociedad capaz de ofrecer itinerarios y apoyos especializados según las características específicas de las personas con discapacidad".
Entre otras medidas, solicitarán que en las denuncias relacionadas con violencia doméstica, no sólo de género, se pueda incluir si la víctima tiene o no una discapacidad para "hacer más visible esta doble discriminación". Y es que ha explicado que quieren "redoblar esfuerzos para estas situaciones que ya son una lacra, pero si la persona que la padece tiene una discapacidad es más indigno".
En su intervención, la presidenta ha señalado que Madrid es una región "volcada con las estrategias inclusivas" y ha asegurado que van a trabajar para que sea una región "abierta, accesible y participativa".
"Queremos un futuro de participación y superación de barreras", ha afirmado Cifuentes, quien ha considerado que no se pueden tratar los "retos actuales con soluciones que pertenecen al pasado".
En este punto, ha explicado que dentro de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad está prevista la creación de una mesa de trabajo entre las consejerías de Educación y Políticas Sociales y Familia en la que se va a dar cauce a aspectos como las ratios de las aulas para niños con Trastorno Generalizado del Desarrollo o la participación del CERMI-Comunidad de Madrid en el Consejo Escolar.
Además, se incidirá en coordinar la valoración y tratamiento de la discapacidad, o del riesgo de padecerla, que se reflejará en la atención temprana. "Vamos a hacer un esfuerzo, como nunca se había realizado, que supondrá una inversión de cerca de tres millones de euros para mejorar y ampliar la red de plazas de tratamiento en atención temprana", ha señalado.
Además, se va a regular la figura del asistente personal, que cada día gana más peso, y se van a elaborar nuevas guías destinadas a profesionales, con especial atención a patologías habituales pero que ofrecen disparidad de criterios como la poliomielitis.
Otras de las medidas están relacionadas con la prevención, detección y atención a personas con discapacidad que son víctimas de abusos.
Por otro lado, ha detallado algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo desde su Gobierno como la creación de una Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad.
También ha puesto en valor la existencia de una red de atención con más de 22.000 plazas. "Una red que se caracteriza por la gratuidad, principio irrenunciable que quiero reafirmar ahora, que se une a la libre elección de centro y al desarrollo de recursos especializados", ha indicado.
La presidenta también ha elogiado la labor que desarrolla el CRECOVI (Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil), un centro que busca coordinar las actuaciones sanitarias, educativas y sociales para la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de los niños según el trastorno de desarrollo.
Por su parte, la presidenta de CERMI-Madrid, Mayte Gallego, ha sostenido que las comunidades autónomas son "los motores de las políticas públicas de discapacidad" y se "deben comprometer a la consecución de sistemas de políticas sociales que garanticen a todas las personas los apoyos que necesitan".
Por último, el presidente del CERMI estatal, Luis Cayo, ha señalado que este congreso busca "renovar la agenda política de la discapacidad" y ha criticado que los discapacitados tienen "vedados en grado considerable sus derechos", ya que, por ejemplo, hay miles de personas en España que por tener una discapacidad mental no pueden votar.
También ha puesto en valor la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que están impulsando para luchar contra los copagos en materia de discapacidad, y ha pedido a la Comunidad que no implante el copago, algo a lo que la presidenta Cifuentes se ha comprometido destacando que Madrid es la única región en la que no existe.
