MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda de la regulación de la situación de los deudores hipotecarios en su conjunto y, en este sentido, aumentar las facultades de los jueces en materia de desahucios para que exista una "mayor flexibilidad a la hora de facilitar acuerdos entre acreedores y deudores".
Durante su intervención en el pleno del Senado para presentar el informe de la institución correspondiente a 2012, la Defensora del Pueblo ha propuesto dos tipos de medidas en relación a los deudores hipotecarios: paliativas y preventivas. Todas ellas se recogen en el informe 'Crisis Económica y Deudores Hipotecarios: Actuaciones Propuestas por el Defensor del Pueblo', también presentado este miércoles.
Entre estas medidas, ha destacado la elaboración del concepto jurídico del deudor de buena fe. Becerril ha recordado que hay familias a las que la crisis económica le ha llevado a la imposibilidad de "devolver los prestamos a las entidades financieras y se quedan sin vivienda". Según ha explicado, se "hará hincapié en que la ley se fije de manera especial en la determinación de la insolvencia de las personas físicas de en qué momento se producen y cuáles son las circunstancias de cada familia".
Así, en el documento se destaca la importancia de "reforzar la protección al hipotecado" para evitar situaciones como la actual y para atenuar los efectos "más nocivos" que se dan hoy en día. Al respecto, ha señalado que es "fundamental" el papel del Banco de España "para encontrar un equilibrio entre las dos partes de la relación (banco-cliente), pudiendo "evitar procesos judiciales". Por ello ha pedido que se refuerce la independencia del organismo y su labor mediadora.
Otra de las recomendaciones señala que, en el caso de que se llegue a la subasta de la vivienda, "el precio se ponga de manera razonable e independiente y no que sea valorada por la entidad financiera". Y, según ha apuntado, le parece "fundamental" que se eliminen los "intereses abusivos de demora". "Es uno de los casos a los que se refiere el tribunal europeo cuando habla de medidas abusivas en España", ha señalado.
"En muchos casos los gastos que genera la mora son difíciles de explicar por parte de las entidades de crédito, siendo, a veces, de dudosa legalidad", ha apuntado Becerril en el texto.
A su juicio, lo necesario en estos casos es que el deudor hipotecario de buena fe "tenga una segunda oportunidad", que "se eviten los lanzamientos de vivienda" que, en su opinión, "no beneficia a nadie y es dramático para la familia".
"Es importante insistir en la necesidad de abordar la regulación de un procedimiento de insolvencia personal, en lo que los deudores de buena fe puedan hacer frente a las obligaciones económicas de forma ordenada, realista y obtener una quita en sus deudas", se indica en el informe, en el que se señala que, con estas reformas "se podría evitar la exclusión social" de algunas familias que, tras el desahucio "se encuentran endeudados con las entidades financieras de por vida".
"Se trata de utilizar formas jurídicas alternativas, como arrendamiento forzoso, leasing, derecho de habitación o retroventa, que garanticen deudores del derecho a una vida digna", ha apuntado.
LA DACIÓN EN PAGO "NO ES UNA SOLUCIÓN"
En cuanto a la dación en pago, Becerril ha señalado que "puede ser una salida, pero una salida hacia la nada", por lo que, a su juicio, "no es una solución". "Al final alguien se va a tener que hacer cargo de la familia, alargando plazos, disminuyendo o reduciendo la deuda, encontrando un alquiler protegido, para no llevar a estas personas a la nada", ha declarado.
Para la Defensora del Pueblo, las soluciones al problema de los desahucios pasa por la supresión de tasas, costas, moderación de cláusulas penales o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que permitan superar las dificultades para atender a los créditos pendientes de pago. Del mismo modo, destaca la posibilidad de permitir que el pago del capital antes de los intereses, lo que conllevaría a la reducción de la deuda que genera obligaciones accesorias.
Mejorar la transparencia hipotecaria, hacer efectivo el asesoramiento técnico en las entidades financieras, desarrollar la obligación de concesión responsable de crédito, son otras de la recomendaciones recogidas en el texto.
Becerril ha defendido que en esta "situación excepcional" hay que poner en marcha "respuestas excepcionales" aunque sean con carácter temporal hasta que remonte la coyuntura económica. "Porque, al igual que la inyección de liquidez de las entidades de crédito está justificada en nombre del interés general afectado, también en la crisis de los particulares hipotecados está en juego la confianza en el sistema financiero", ha destacado en el informe.
Así, ha animado a los partidos políticos a que recojan las propuestas realizadas por el Defensor del Pueblo de cara a "reforzar" el Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que está en tramitación parlamentaria.
