Foto: MINISTERIO DE IGUALDAD
MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El 28 de diciembre de 2014 se cumple el décimo aniversario de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que supuso un antes y un después en la prevención y persecución de los malos tratos de las mujeres en España, y que se conmemora tras un balance negro que podría elevar este año a 56 las asesinadas por los hombres con los que tenían una relación y deja abierta para 2015 la polémica en torno a cómo las autoridades evalúan el riesgo en que se encuentran las víctimas.
En concreto, el balance mortal de la violencia de género en España se sitúa en 51 mujeres asesinadas a fecha de 25 de diciembre, pero la Delegación del Gobierno aún mantiene cinco casos en investigación que, de confirmarse, elevarían el recuento de 2014 a 56, rompiendo así la tendencia a la baja que habían dejado los dos años precedentes, con 52 y 54 víctimas, el menor número de la última década.
De contar al cierre del ejercicio con 56 mujeres asesinadas se repetiría así el balance negro de 2009, cuando el año terminó con exactamente la misma cifra. No obstante, se sitúa por debajo de los años más duros de la serie estadística que comenzó a elaborarse en 2003. Fueron 2008 y 2010, con 76 y 73 mujeres asesinadas por los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja.
Con este horizonte temporal como referencia y sin contar los casos aún en investigación, habrían muerto en España 763 mujeres a manos de otros tantos hombres desde el 1 de enero de 2003, el año que de cara a la elaboración de la Ley Integral comenzaron a recogerse oficialmente este tipo de datos.
Desde 2012 se recogen además los menores de edad que se quedan sin madre en cada uno de estos asesinatos. Sólo este año han sido 40 los niños huérfanos. También se están procesando en la Delegación del Gobierno los niños que son asesinados como parte de la tortura de la mujer por el hombre que la maltrataba. Cinco sólo en 2014.
MÁS DE UN TERCIO CON DENUNCIA
Conforme los datos oficiales, de las 51 víctimas mortales confirmadas a fecha 22 de diciembre, algo más de un tercio (31,4%) habían denunciado previamente a quien fue su asesino por delitos de violencia de género. Este asunto ha suscitado mucha polémica en la recta final del año, ya que se trata de la proporción más alta de la serie estadística: hasta ahora, el peso sobre el total de las fallecidas que habían pedido ayuda solían rondar el 20 por ciento.
Un informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) arrojó más información sobre este asunto. Analizó 14 casos de mujeres muertas con denuncia previa y detectó que la mayoría, habían sido diagnosticadas por las fuerzas policiales como en riesgo bajo o no apreciado.
El pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, anunció que, por acuerdo con el Ministerio del Interior, se reformarían los cuestionarios que utilizan los policías para determinar el riesgo objetivo al que se enfrenta una mujer que denuncia malos tratos. Al cierre del año todavía no se han puesto en marcha, según el Gobierno, porque lo está elaborando "la Universidad" y lleva tiempo.
Los cuestionarios de evaluación del riesgo son unos test que el agente realiza en un ordenador mediante preguntas directas que requieren respuestas concisas de la denunciante. Según algunos de los expertos consultados por Europa Press sobre este asunto, aunque se introduzcan nuevos ítems seguirán siendo "tirar una moneda al aire", primero, porque no tienen en cuenta la conducta del agresor, sino sólo las respuestas de la víctima y, segundo, porque quienes los realizan no son especialistas.
EVALUACIÓN POLICIAL, EVALUACIÓN FORENSE
La evaluación policial del riesgo se puso en marcha en el marco del desarrollo de la Ley Integral pensando en los casos de urgencia, a fin de que el juez tuviese cuanto antes una aproximación de la situación en que se encontraba la víctima en el momento de la denuncia para dictar medidas cautelares de protección en consecuencia. Son así, un primer paso.
El resto de la evaluación la deben realizar, en virtud de la misma ley, unidades de valoración forense, que con un equipo de psicólogos, médicos y trabajadores sociales, tendrían que prestar servicio en los juzgados especializados y analizar tanto la situación general de la mujer como el perfil de su agresor para dar al juez una información lo más amplia posible. Sin embargo, no se han implantado en todo el territorio nacional.
Este ha sido uno de los asuntos que han marcado el debate público sobre violencia de género en un año en el que la norma cumplía diez y en el que sin embargo, no se ha emprendido una evaluación como la que se hizo en su quinto año de aplicación, cuando se nombró una subcomisión parlamentaria ad hoc que elevó propuestas al Gobierno, muchas de las cuales, según los expertos, siguen vigentes en la actualidad.
El recorte presupuestario, denunciado por organizaciones de mujeres y formaciones políticas, ha sido otro de los asuntos que ha centrado 2014. Si bien el Gobierno ha contemplado un incremento para el año 2015, fundamentalmente en las partidas de sensibilización que sufrieron un mayor recorte en el inicio de la legislatura, la dotación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género seguirá por debajo de la que tenía en 2011, tal y vienen denunciando estas entidades.
