MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras (CCOO), Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han demandado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la creación de un impuesto sobre el almacenamiento de residuos; un plan de retirada de residuos biodegradables y otro de compostaje; y el control de los desechos que entran y salen de los vertederos, para acabar con los problemas ambientales asociados a la gestión de residuos en vertederos en España.
Asimismo, las entidades han solicitado al Ministerio que "aproveche" la modificación del real decreto de vertederos para "cumplir con la directiva de vertederos y con la directiva marco de residuos y las estrategias de la hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de recursos". En este sentido, han criticado que el Ministerio no proponga ninguna medida que "soluciones los problemas reales de los vertederos en España".
Además, consideran que las medidas puestas en marcha por la Administración deberían ser "mucho más ambiciosas ante la falta de datos sobre los residuos biodegradables vertidos y la dificultad para alcanzar los porcentajes de reciclaje marcados por la directiva de residuos y la ley estatal".
Para el experto en agroecología y desarrollo rural de Ecologistas en Acción, Daniel López, la situación de los vertederos en España "es insostenible", puesto que, a su juicio, "no se cumple la jerarquía en la gestión de los residuos y el vertido destaca como la opción más extendida". Por su parte, el responsable adjunto de la Secretaría Confederal de Medio Ambiente de CCOO, Carlos Martínez, ha subrayado que ante la creciente pérdida de empleos se deben "aprovechar las oportunidades que se presentan con el reciclaje de residuos, que general 25 veces más empleo que el vertido"
Por último, Comisiones y las asociaciones han recordado que la Comisión Europea ha emitido un comunicado en el que expone que "en la revisión de la directiva marco de residuos se podrían limitar los desechos susceptibles de ser vertidos". También, han señalado que el pasado 24 de enero la Unión Europea dio a conocer el requerimiento en el que instaba al Estado español a "clausurar los vertederos que no cumplieran la legislación" y solicitaba al Gobierno una respuesta, que deberá dar en el plazo de dos meses.
