Actualizado 15/01/2010 19:37

Asociaciones de inmigrantes estudian recurrir al Constitucional los requisitos de Vic y Torrejón para empadronar

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diversas entidades y asociaciones de inmigrantes estudiarán presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los requisitos impuestos en Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardoz para empadronar a los ciudadanos inmigrantes porque creen que son "ilegales y xenófobas" y conculcan la Ley de Extranjería y Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Así lo manifestó hoy a Europa Press el portavoz de la asociación Rumiñahui, Raúl Jiménez, que señaló que pretenden reunirse con otras organizaciones representativas del colectivo extranjero en España para estudiar esta posibilidad y para elaborar un escrito conjunto en el que denuncien públicamente las restricciones en el acceso al censo en ambos municipios.

La entidad entiende que esta "manipulación de las Leyes" por parte de ambos ayuntamientos producen "discriminación", tienen fines electoralistas y "pueden provocar reacciones contrarias hacia personas por parte de la sociedad".

"Respetamos los criterios de la sociedad, y debería llamarse a la sensatez para que esto no ralle en reacciones como se dan en estos momentos en Italia, o que pueda merecer el crecimiento de partidos de ultraderecha, que han dado todo el apoyo a la medida que se toma en el Ayuntamiento de Vic", indicó Jiménez.

Respecto al caso de Torrejón de Ardoz, el portavoz de Rumiñahui señaló que es asunto es "más complicado" porque, a su juicio, las trabas se traducen en los requisitos de 20 metros cuadrados de vivienda y la exigencia de un visado que no sea de turista para proceder al censado de los inmigrantes. "En la práctica, se produce desde hace un tiempo, pero nadie ha tomado cartas en el asunto", dijo.

Por último, el portavoz de la asociación de inmigrantes señaló que el conocimiento público de ambos casos puede destapar más irregularidades, aunque de momento no han llegado a su conocimiento. Además, teme que las decisiones de ambos consistorios pueden crear un 'efecto dominó' que anime a otros ayuntamientos a bordear la legalidad.