MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Representantes de asociaciones de jueces han pedido más medidas para garantizar el seguimiento y la reinserción de menores que cometen delitos, como los del caso del crimen de Seseña (Toledo), en el que la principal acusada, de 14 años, ha aceptado cinco años de internamiento y tres más de libertad vigilada por un delito de asesinato con alevosía.
Concretamente, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco Victoria, Marcelino Sexmero, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que en estos casos se puede arbitrar una elevación de las medidas de internamiento en el caso de los mayores de 14 años, se puede elevar a siete u ocho años, y mayores de 16 de los 10 a los 15 años. Sin embargo, ha asegurado que "cualquier elevación de dichas medidas ha de estar siempre orientado a la educación y reinserción del menor".
En esa línea, ha recordado que al hablar de delitos cometidos por menores y en virtud de la especial protección que han de tener, "no se puede inocuizar con penas muy altas". Por tanto, según Sexmero, se ha de tener cuidado a la hora de arbitrar cualquiera de estas medidas. A pesar de ello, considera que "lo que debe haber es un mayor seguimiento posterior de la reinserción y la educación de ese menor y arbitrar mayores medidas que lo garanticen".
Igualmente, ha subrayado que "si no existieran visos de que esa reinserción se produce, se deberían aplicar con mas severidad el internamiento en caso de delitos graves". Con todo, ha explicado que "un incremento de medidas concretas para delitos graves no satisfaría a las familias, ya que siempre les parecerán pocos años".
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Ramírez, ha destacado que "nunca se debe legislar en caliente a raíz de acontecimientos puntuales". Asimismo, ha afirmado que "en el tema que afecta a los menores de edad la legislación tiene que combinar aspectos de carácter represivo que permitan establecer una pena adecuada con la función educativa".
A su juicio, "no se puede equiparar la comisión de un hecho delictivo de un adulto con la que realiza un menor de edad". En ese sentido, ha insistido en que "partiendo de la función educativa que tienen las medidas que se imponen a los menores, la legislación actual les parece correcta". Además, ha resaltado que "lo que sería ilógico es equiparar las conductas de uno y otro e incrementar las penas".
Finalmente, Ramírez ha explicado que "no se trata de un problema de legislación sino de medios". Así, ha asegurado que "si se dotara a los centros de menores de recursos para resocializar no harían falta tantas reformas como se pretenden". Por último, considera que "ahora mismo la legislación es suficientemente dura ya que prevee unas medidas de larga duración". "Cinco años en la vida de un menor son muchos porque está en fase de desarrollo de personalidad", ha añadido.
