VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las plataformas antinucleares de Castilla y León y Greenpeace han entregado este en la Consejería de Presidencia de la Junta 16.423 firmas en contra de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la Comunidad y se entrevistaron durante una hora con el director general de Industria, Carlos Martín Tobalina, para transmitirle sus preocupaciones en este sentido.
Los colectivos trasladaron las casi 17.000 firmas recogidas en hojas y tarjetas repartidas por las nueve provincias de la región en un ataúd para simbolizar el "grave daño socioeconómico y ambiental, la salud pública y sobre sectores económicos como el turismo natural, cultural y gastronómico" que provocaría el que denominan 'cementerio nuclear'.
Así, a pesar de que la Junta se negó a permitir la entrada de los colectivos con el citado ataúd y éstos tuvieron que trasladar sus firmas en un carro, los representantes de las plataformas lograron reunirse con Martín Tobalina, a quien solicitaron que inste a la Administración autonómica a mostrar una postura "clara" sobre el ATC e informaron de las irregularidades cometidas por los alcaldes de los municipios castellanoleoneses candidatos a albergar el almacén: el palentino Congosto de Valdavia y los vallisoletanos Santervás de Campos y Melgar de Arriba.
En declaraciones recogidas por Europa Press, el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, manifestó que el compromiso principal adquirido por Martín Tobalina fue el de hacerle llegar al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la petición de las plataformas de que el Ejecutivo regional actúe "de oficio" ante las "irregularidades" cometidas por los ayuntamientos candidatos al anular Plenos o convocarlos "ilegalmente" para que saliera adelante la propuesta de acoger el ATC.
"Nos ha dicho que no conocía estas irregularidades y ha reconocido que la Junta tiene competencias para anular un Pleno ilegal", explicó Bravo, quien indicó asimismo que el director general de Industria apuntó que la Junta está de acuerdo en que el proceso del Ministerio de Industria para elegir un candidato "no es democrático".
"No sólo ha vulnerado la legislación vigente sobre participación del público en materias ambientales --el Convenio de Aarhus, que es ley en España desde 2005-- sino que ha fomentado la falta de transparencia y la desinformación y ha ignorado el amplio rechazo social, territorial y político al proyecto, además de que al tentar a los alcaldes con dinero público, estimula comportamientos ilegales y la especulación urbanística", expresan las plataformas.
Por otra parte, los colectivos se quejaron ante Martín Tobalina de la intención del Ministerio de "dejar sin papel" a las comunidades autónomas en el proceso después de que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, "fuera capaz de decir ante las críticas de Castilla-La Mancha que lo que opinan éstas es irrelevante", según aseveró Bravo.
En definitiva, Greenpeace y las plataformas anticementerio nuclear consideran que el ATC provocará un "grave daño" a toda Castilla y León y que traerá la "muerte económica y social" a la comarca donde se instale, ya que "alejará cualquier posibilidad de llevar a cabo un desarrollo sano y sostenible en sus pueblos y expondrá inevitablemente a las personas y al medio ambiente a graves e innecesarios riesgos".
Por todo ello, demandan la eliminación inmediata de Congosto de Valdavia, Santervás de Campos y Melgar de Arriba de la lista de municipios candidatos a albergar la instalaciones, candidaturas sobre las que, según reiteraron, recaen "graves irregularidades".
