CUENCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSOE de Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, mostró hoy el total desacuerdo de su partido con la intención del municipio conquense de Villar de Cañas de acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento del pasado viernes con los votos a favor de los cuatro concejales del Partido Popular y los tres independientes.
También afirmó que ha pedido a todos los alcaldes y portavoces del PSOE en la comarca de Tarancón "que soliciten la convocatoria de plenos extraordinarios y urgentes para solicitar al Ayuntamiento de Villar de Cañas que retire la candidatura para albergar el ATC de residuos nucleares".
Según apuntó en rueda de prensa, "nos negamos en rotundo a que el ATC esté en la provincia de Cuenca; creo que Castilla-La Mancha ha hecho ya suficiente contribución al tema nuclear como para que se le pueda seguir exigiendo una mayor contribución".
En rueda de prensa Martínez Guijarro informó de que ha pedido a todos los alcaldes y portavoces del PSOE de la comarca de Tarancón, donde se ubica la localidad, "que soliciten la convocatoria de plenos extraordinarios y urgentes para solicitar al Ayuntamiento de Villar de Cañas que retire la candidatura para albergar el ATC de residuos nucleares".
Así, se hará la petición tanto en aquellos lugares en los que gobiernan los socialistas como en los que no, de manera que se prevé que las sesiones se lleven a cabo entre mañana y el viernes.
Asimismo, expuso que se solicitará al Grupo de Acción Local que opera en esa comarca (ADESIMAN), que debata el tema y manifieste su planteamiento, y también la Diputación de Cuenca llevará a cabo un pleno extraordinario sobre el asunto, que tendrá lugar el viernes a las 11.00 horas. El objetivo es "pedir al Ayuntamiento de Villar de Cañas que reflexione y que retiren su candidatura".
El dirigente socialista manifestó que "estamos ante un problema en Castilla-La Mancha que han creado dos alcaldes del Partido Popular que gobiernan con mayoría absoluta y que ha creado la señora Cospedal por su falta de capacidad política, de liderazgo y de dedicación a Castilla-La Mancha". Según su criterio, "ese doble gorro que tiene la señora Cospedal, que es secretaria general del Partido Popular y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, no es que le esté generando problemas a la señora Cospedal, sino que está generando problemas a Cuenca, a Guadalajara y a Castilla-La Mancha".
Martínez Guijarro incidió en que hay "una cuestión de relación política y de trabajo político con los alcaldes", de manera que "si estás permanentemente en contacto con ellos tienes ese liderazgo y esa capacidad política de influir en esta toma de decisiones".
PIDE REFLEXIÓN AL PP
En cambio, "si no estás ni te preocupas de Castilla-La Mancha es muy difícil que tengas esa capacidad de liderazgo", de manera que esta cuestión "tendría que hacer reflexionar a los militantes del Partido Popular, a los alcaldes y concejales del PP, sobre si tiene que seguir siendo la señora Cospedal presidenta del Partido Popular".
Asimismo, mostró su convencimiento de que "este tema se va a resolver, porque el presidente Barreda tiene meridianamente clara esta cuestión en materia del ATC; él siempre habla claro y siempre defiende los intereses de Castilla-La Mancha, aunque sean intereses contrapuestos a los que se pueda defender desde algún Ministerio a nivel nacional". Por ello, "estamos tranquilos en ese sentido de que el ATC no va a estar en Villar de Cañas, pero no será por la gestión de la señora Cospedal ni del Partido Popular de Cuenca".
En este sentido, subrayó que esta formación política lo sabía, al menos a nivel provincial, desde hace unos días, mientras que el PSOE se ha enterado hoy a través de los medios de comunicación. Una cuestión que hace pensar que el PP "ha intentado ocultarlo hasta que los medios de comunicación lo han sacado a la luz".
Finalmente, Martínez Guijarro aseguró que desde el Gobierno regional se van a tomar todas las medidas posibles para evitar que el ATC se ubique en una provincia castellano-manchega, tanto las de influencia y capacidad política como las jurídicas, además de que se analizarán los acuerdos tomados en los municipios para comprobar su legalidad. En definitiva, la Administración autonómica va a utilizar "toda la capacidad jurídica y política para evitar que este almacén esté en Castilla-La Mancha".
