Recuerda que ha recomendado usar la pulsera antimaltrato para controlar el cumplimiento de penas y que el Gobierno lo estudiará
MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo han aumentado un 25 por ciento en 2010 respecto al año anterior, según el balance de la institución que dirige de forma interina María Luisa Cava de Llano y que este año ha iniciado más de 34.000 expedientes.
Así, señala que, en un ejercicio marcado por la crisis económica, las principales quejas ciudadanas tuvieron que ver con la economía y las prestaciones sociales. Concretamente, indica que un "considerable" número de ciudadanos ha expuesto ante la institución la necesidad de regular con mayor eficacia y concreción las situaciones de insolvencia familiar o personal.
En opinión de la Defensoría, la actual legislación, que aplica la Ley Concursal a este tipo de casos, "no ofrece una respuesta adecuada", tanto por el "elevado" coste que conlleva -que provoca un mayor empobrecimiento de quien ya se encuentra en una situación precaria- como por la "dilación" excesiva en el tiempo de este tipo de procedimientos.
Además, según la Oficina del Defensor, en el caso concreto de las familias, una de las principales deudas a las que deben hacer frente es la hipotecaria y "la especial protección que la Ley Concursal ofrece a los acreedores con garantías reales, impide que dicha deuda se vea pospuesta o interrumpida, lo que dificulta la recuperación de la economía doméstica".
La Oficina del Defensor del Pueblo aboga por crear mecanismos de arbitraje que solucionen este tipo de problemas que, por ejemplo, propicien que el plan de pago a los acreedores se realice de manera pactada y bajo el control de la Administración o del Juzgado. "Se pretende con ello que las familias, sin dejar de atender a sus obligaciones, también puedan cubrir sus necesidades vitales mínimas, para no agravar un procedimiento que afecta también a su salud y a su dignidad.
Por otra parte, en 2010 se recibieron "numerosas" quejas de afectados por los 'swaps hipotecarios'. Para la Oficina del Defensor del Pueblo, que mantiene abierta una investigación de oficio sobre este asunto, estos productos financieros, que permutan los tipos de interés para cubrir un riesgo sobre un préstamo hipotecario, no son un instrumento de garantía para los clientes sino más bien producto especulativo que beneficia a las entidades financieras, dado que "incrementa el riesgo de forma desproporcionada".
CENTROS DE MENORES
Tras la publicación en 2009 del monográfico sobre Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, el año pasado la institución del Defensor del Pueblo continuó recibiendo numerosas quejas contra este tipo de centros, sobre posibles tratos degradantes hacia los menores, así como por supuestas malas prácticas en los programas de intervención.
Asimismo, la Defensoría mantiene abierta una investigación sobre las disfunciones en el acceso a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud, que le ha permitido constatar la existencia de "amplias listas de espera y significativas diferencias" en cuanto a los criterios y requisitos establecidos por las comunidades autónomas.
Otras actuaciones de la Defensoría relacionadas con el ámbito de la Sanidad y la política social tuvieron que ver con la atención bucodental a las personas con discapacidad. También se están investigando casos de personas nacidas con malformaciones originadas por la ingesta de sus madres del fármaco talidomida en la década de los 60.
2.000 EXPEDIENTES DE EXTRANJERÍA
Por otro lado, en 2010 se iniciaron cerca de 2.000 expedientes en materia de extranjería, lo que supone un incremento del 30 por ciento, especialmente por matrimonios entre ciudadanos nacionales y extranjeros a la hora de conseguir visados, o las dificultades, "cada vez mayores", para lograr la reagrupación familiar.
Además, la institución adelanta que dos de los problemas que más preocupan en la Institución, la situación de las víctimas extranjeras de trata y la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, protagonizarán dos de los informes monográficos en 2011. En 2010, presentó los monográficos 'Agua y Ordenación del territorio' y 'Programación y contenidos de la televisión e Internet: la opinión de los menores sobre la protección de sus derechos'.
Igualmente, recalca que se ha hecho especial seguimiento de los temas de vivienda, declaraciones de impacto ambiental, actuaciones policiales y disfunciones del sistema judicial y violencia de género.
Sobre este último tema, destaca la propuesta de la Defensoría para que las pulseras antimaltrato se utilicen para el control del cumplimiento de las penas y no sólo como medida cautelar.
En este sentido, avanza que la institución ya ha recibido comunicación de las autoridades competentes informando de que su planteamiento será estudiado. Además, la Institución ha hecho diversas recomendaciones sobre los derechos y deberes de los empleados públicos, en especial sobre conciliación y movilidad.
