MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha alertado sobre la necesidad de establecer ciertos límites a la contención del gasto social, con el objetivo de "no poner en peligro a los más vulnerables e indefensos" y advierte de un incremento de quejas relativas a las prestaciones sociales, en especial las que afectan a las rentas mínimas reguladas por las comunidades autónomas.
En el informe anual de la Institución, dentro del epígrafe referido a las personas en situación de pobreza y exclusión social, Becerril ha señalado que "desde la Institución se estudian las posibles demoras o errores de las administraciones en la valoración, concesión y pago de las mismas".
Asimismo, la Defensora ha aludido al "enorme impacto" que la crisis económica está teniendo sobre la infancia. "La falta de trabajo de los progenitores o los desahucios no son problemas económicos abstractos, conllevan, por ejemplo, un deterioro del ambiente familiar y el empobrecimiento de la calidad de su alimentación", ha apostillado.
Por último, ha mostrado su apoyo a la recomendación que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dirigió a España en junio de 2012.
En este sentido, se recomienda al Estado que garantice que todas las medidas de austeridad adoptadas identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del Pacto, y que tome "todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados".
