MADRID/VITORIA, 4 Jun. (OTR/PRESS) -
El asesinato de una mujer a manos de su marido el pasado sábado en Vitoria ha desatado múltiples reacciones acerca de si la Administración puede proteger a las víctimas de violencia de género que hayan retirado denuncia. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó hoy que la Justicia se encuentra casi atada si quien tiene que denunciar no lo hace. Sin embargo, el PP aboga por establecer medidas de protección "de oficio" y que eviten desenlaces como el de Vitoria.
En opinión de Bermejo, "el gran reto es seguir analizando a fondo este asunto para realizar un verdadero diagnóstico de las situaciones de riesgo". Tras inaugurar en Madrid unas jornadas sobre 'Justicia e Inmigración', el titular de Justicia instó a "acerca la lupa e intentar que el esfuerzo mejore los resultados obtenidos hasta ahora".
Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, prometió que "el Gobierno intensificará la aplicación de las normas". "La ley es necesaria y su aplicación tiene que ser mejorada sin ninguna duda", añadió en referencia a la "eficacia jurisdiccional" y la "eficacia en la protección de las personas que puedan sufrir agresiones".
Mientras que Caldera reconoció que, en este tipo de casos, "el testimonio de la víctima es la única prueba de cargo en este tipo de situaciones", para el PP este argumento es insuficiente. La portavoz del PP en la Comisión sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, Susana Camarero, reclamó protección de jueces y policía "aunque sea de oficio". "Muchas mujeres retiran la denuncia por miedo o distintos motivos debido a la situación emocional a la que se ven sometidas", lamentó la popular.
Camarero barajó como posibles iniciativas el incremento de medios y planes personalizados de protección. Y es que, para ella, "no es normal que una mujer que ha presentado una denuncia aunque posteriormente la retirase, no cuente con la seguridad y protección debida". La portavoz popular avisó al gobierno para que vite "mirar a otro lado" con las altas cifras de muertes por violencia de género en lo que va de año y que han llegado ya al número 31.
LA JUSTICIA SE DEFIENDE.
El fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, defendió las actuaciones del Juzgado y del Ministerio Público en el caso de la fallecida en Vitoria. "No tenemos una bola de cristal", afirmó. De ahí que no puedan actuar si la propia víctima dijo que no tenía miedo a su marido y que retiraba "toda acción civil y penal" contra él. En una comparecencia ante los medios de comunicación, Izaguirre también descartó que la fallecida hubiese interpuesto más de una denuncia, al margen de la de diciembre de 2006. Durante la presentación de ese recurso, la víctima "en ningún momento solicitó el alejamiento del presunto agresor o bien cualquier otra medida para su protección".
En el mismo sentido, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, avaló la actuacion "absolutamente correcta" de la Jusitcia". "El fiscal solicitó el archivo del caso al quedarse sin prueba testifical ni documental al no existir parte médico", ya que sólo acudió para denunciar malos tratos psicológicos.
