Amnistía Internacional ha denuncia expulsión forzosa "récord" de "más de 10.000 gitanos" de sus campamentos en la primera mitad de 2013
BRUSELAS, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha dejado claro este miércoles a Francia que los ciudadanos rumanos y búlgaros gitanos tienen derecho a "residir donde quieran" dentro de la Unión Europea y "no sólo en el país de su nacionalidad" y ha amenazado con tomar medidas contra Francia si no respetan sus derechos de libre circulación y de residencia dentro de la UE.
Así se ha pronunciado la Comisión Europea después de que el ministro del Interior francés, Manuel Valls, haya defendido este martes que los gitanos rumanos y búlgaros en situación ilegal deben ser expulsados del país y que en todo caso tienen "vocación" de volver a sus países de origen.
El portavoz comunitario Olivier Bailly ha dejado claro a Francia que tanto la libre circulación de personas en la UE como el derecho a residir en otro Estados miembro son un derecho "fundamental" de las personas "sean rumanos, búlgaros o franceses" consagrados por norma comunitaria aunque ha aclarado que para poder residir en otro Estado miembro "tienen que demostrar a los tres meses" que cuentan con "recursos financieros" para no suponer una "carga" social para el Estado miembro de residencia.
El portavoz ha aclarado que aunque Rumanía y Bulgaria no pertenecen al espacio europeo sin fronteras Schengen "no impide a los ciudadanos rumanos y búlgaros circular libremente en el resto de la Unión Europea" aunque sí están sujetos a "controles cuando penetran" en él, como ocurre con los británicos, cuyo país tampoco forma parte del mismo.
"Si estas libertades inscritas en los Tratados, precisadas después por directivas, si estas normas de derecho no son respetadas evidentemente la Comisión utilizará los medios a su disposición", ha avisado Bailly, preguntado por las posibles sanciones contra Francia. La Comisión ya se enfrentó con el anterior Gobierno francés de Nicolas Sarkozy por su política de expulsión de gitanos rumanos y búlgaros hace tres años.
Asimismo, ha dejado claro que la "libertad de trabajar" en otro Estado miembro "también está prevista en los Tratados desde 1958" y ha recordado que las restricciones laborales negociadas en los Tratados de Adhesión de Rumanía y Bulgaria terminan el 1 de enero de 2014, fecha a partir del cual las restricciones laborales desaparecen en "todos" los países.
Ocho Estados miembros todavía aplican restricciones laborales a rumanos y búlgaros: Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Reino Unido y España, pero en su caso sólo a rumanos.
Respecto al desmantelamiento de campamentos gitanos en Francia, Bailly ha recordado que "no cae dentro de las competencias" de la Comisión y es algo que compete a los Estados miembros "considerar" en caso de problemas de orden público, el portavoz ha dejado claro el objetivo de Bruselas de que estos se hagan en base a un criterio "objetivo" y "no de discriminación".
Además, ha recordado el compromiso de todos los Estados miembros con promover "la integración de los gitanos donde quieran residir y no sólo en el país de su nacionalidad" y que hay fondos europeos disponibles para ello, incluidos "más de 4 millones de euros" para 53 proyectos de inserción de gitanos en Francia.
Bailly ha admitido que la Comisión "no tiene posibilidad de juzgar" la voluntad o no de los gitanos de integrarse en la sociedad de acogida y que sus capacidades en materia de integración social son "bastante limitadas" --apoyo financiero básicamente y cooperación-- pero ha insistido en que se trata de "un derecho que cada ciudadano tiene y debe ser respetado". También ha lamentado "el tratamiento" a los gitanos en "ciertos Estados" porque "no son las condiciones que querríamos ver en Europa en el siglo XXI".
AI DENUNCIA EXPULSIÓN RÉCORD DE CAMPAMENTOS
Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles por su parte la expulsión forzosa "récord" de "más de 10.000 gitanos" de campamentos durante la primera mitad de 2013 en Francia y ha lamentado que en la mayoría de los casos ni siquiera han tenido opción a un alejamiento alternativo ni han sido informados previamente.
"El Gobierno francés debe respetar sus compromisos internacionales y aplicar medidas de protección eficaces contra la práctica de las expulsiones forzosas", ha defendido el responsable de AI para Europa y Asia Central, John Dalhuisen, que ha defendido prohibir todas las evacuaciones forzosas porque dejan a los gitanos "sin otra elección que buscar refugios informales en otra parte".
Alrededor de 200.000 gitanos viven en Francia, en su mayoría procedentes de Rumanía, Bulgaria y los países de la ex Yugoslavia, según datos de AI, que ha denunciado que el Gobierno sólo ha prometido alojamiento alternativo para "una docena de familias" de las 800 personas expulsadas en septiembre del mayor campamento en Lille, pero sólo tres cuentan con ellas.
