MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, manifestó hoy que el sistema recogido en la Ley de Extranjería para determinar la minoría de edad de los extranjeros no acompañados es "claro e inequívoco", por lo que no existe necesidad de cambiarlo.
El ministro hizo estas declaraciones en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde el PNV pidió al Gobierno que inste al Fiscal General del Estado a que dicte instrucciones a todas las fiscalías de España para que la prueba ósea, "el método más fiable", sea el único criterio que se utilice para averiguar la edad de los inmigrantes menores no acompañados.
Caamaño recalcó que no es necesario adoptar esta media porque la norma "marca con precisión los pasos a seguir: cuando existan dudas sobre la minoría de edad de un extranjero indocumentado se le dará atención y se comunicará su situación Ministerio Fiscal, que será quien dispondrá la determinación de la edad".
El ministro explicó que el Ministerio Fiscal puede realizar la prueba ósea "cuando no se pueda determinar la edad por otros medios" y siempre y cuando el inmigrante esté indocumentado o existan indicios de falsedad en la documentación que presente.
ES UNA DECISIÓN PROVISIONAL
En cualquier caso, recalcó que la decisión que toma el Ministerio Fiscal sobre la edad del inmigrante se realiza de manera "urgente" para decidir el futuro de esa persona, siendo una medida "cautelar y provisionalísima".
Tras la resolución de la Fiscalía, añadió el ministro, la administración competente "puede hacer las pruebas que considere oportunas para verificar la edad del menor", tal y como establece una circular de 2006 de la Fiscalía General del Estado.
Por todo ello, el titular de Justicia considera que "ya existen" instrucciones para fijar la manera en la que deben de proceder las fiscalías en estos casos, aunque está "dispuesto a perfeccionar" los protocolos de actuación con menores si fuera necesario.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, defendió la necesidad de utilizar esta prueba médica para evitar los fraudes que se producen. Como ejemplo, señaló que en la Diputación Foral de Álava se ha detectado, utilizando la prueba ósea, que entre un 60 y un 80 por ciento de estos supuestos menores son mayores de edad y portan documentos con la fecha de nacimiento falsificada.
