MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, manifestó hoy su "preocupación" por las "pocas" solicitudes recibidas hasta la fecha por parte de personas en situación de dependencia para recibir las prestaciones y servicios que contempla la Ley.
Según sus datos, las comunidades autónomas han tramitado un total de 30.000 peticiones de personas interesadas en recibir prestaciones o servicios en el marco del sistema de la dependencia. El plazo de evaluación concluye en el mes de julio.
En el transcurso de una interpelación realizada por el Grupo Catalán (CiU) el ministro planteó la posibilidad de realizar una "verdadera promoción institucional" entre Gobierno y comunidades autónomas para informar sobre los derechos que contempla la Ley.
"Tenemos que extender toda la información a todos los ciudadanos para que sepan cuál es su derecho", destacó el titular de Trabajo mostrando su confianza en que las administraciones autonómicas "van a responder a esa inquietud".
CiU: "EXPECTATIVAS QUE DIFÍCILMENTE SE PODRÁN CUMPLIR".
Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano interpeló al ministro para trasladarle las críticas de su grupo ante las "expectativas" creadas por el Gobierno en torno a esta Ley y que, a su modo de ver, difícilmente se podrán cumplir.
Campuzano reclamó al Gobierno un "esfuerzo de explicación" sobre el contenido de la norma, además de un mayor compromiso presupuestario. Según dijo, todas las comunidades comparten su preocupación porque "las previsiones presupuestarias son insuficientes para las necesidades en la materia". De hecho, CiU cree que la aplicación de la Ley "va a drenar la capacidad de las autonomías para cumplir otras obligaciones en el campo de las políticas sociales".
Los nacionalistas catalanes también critican el nivel de copago establecido porque, a su modo de ver, "sitúa a las clases medias fuera del marco de aplicación de esta ley".
Por todo ello, CiU presentará una moción en la que defenderá el desarrollo de las prestaciones sociosanitarias que contempla la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, la promoción de un modelo de libertad de elección de servicios por parte de los ciudadanos, la reducción del copago y la priorización de las inversiones en materia de protección social.
