Foto: CERMI
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha anunciado que pondrá en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el copago que "expulsa a las personas con discapacidad y sus familias de la protección y los derechos sociales".
Concretamente, la ILP pedirá la modificación de la Ley de Dependencia y el establecimiento de criterios "más claros, justos e iguales" en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias.
Para poder llevar esta propuesta de cambio legal a las Cortes Generales para su aprobación, el CERMI pretende recabar en los próximos meses 500.000 firmas de ciudadanos y, por ello, hace un llamamiento a la sociedad española para que respalde la iniciativa.
Así lo explica en su manifiesto con motivo del Día internacional y europeo de las personas con discapacidad, 'No al copago confiscatorio, que expulsa a las personas con discapacidad y sus familias de la protección y los derechos sociales. Por la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia'.
Según el manifiesto, la promulgación de esta ley "debió suponer un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la población". Sin embargo, apunta que, tras más de siete años desde su aprobación, el despliegue de este nuevo sistema de protección "se ha enfrentado a un sinfín de vicisitudes".
Entre estas dificultades, el CERMI destaca "la crisis económica y social, que ha inducido a aplicar feroces políticas de recorte de gasto público" en combinación con "otros múltiples factores políticos, sociales y de gobernanza del sistema".
Sobre los aspectos que "más rechazo" han suscitado en estos años por parte de las potenciales personas beneficiarias de la Ley, el CERMI subraya el del "copago" percibido como "una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema".
"Esta desacertada y más que injusta regulación de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones ha de ser corregida de inmediato", advierte el CERMI, que insiste en que así lo avala la opinión mayoritaria de los movimientos sociales de personas mayores y con discapacidad y los profesionales de los servicios sociales.
Por ello, pide la modificación del artículo 14 de la Ley vigente, para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones y la ampliación de los factores que se tienen presentes a la hora de determinar la renta y el patrimonio, añadiendo a la edad el momento de aparición de la situación de dependencia y su prolongación a lo largo de la vida.
Asimismo, solicita la modificación del artículo 33 del texto legal para incluir la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica --2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples--; la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60% del precio de referencia del coste del servicio; o la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40% de la capacidad económica.
