PEKÍN, 6 Abr. (Reuters/EP) -
China ejecutó hoy martes a un ciudadano japonés condenado por tráfico de drogas desoyendo las advertencias de Japón, que ya le alertó de que este suceso podría dañar las relaciones bilaterales entre ambos países y despertar sentimientos de indignación en la opinión pública japonesa.
La agencia estatal china Xinhua emitió un breve teletipo en el que informó de que se había ejecutado al condenado, Mitsunobu Akano, en la mañana de hoy martes en la provincia nororiental de Liaoning.
Akano es el primer japonés ejecutado legalmente en China después de que en 1972 ambos países normalizaran sus relaciones diplomáticas, según la prensa nipona.
"A pesar de que existen diferencias en el sistema judicial (entre los dos países), se trata de un suceso trágico visto desde el lado japonés", afirmó el primer ministro nipón, Yukio Hatoyama, en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo News, poco antes de que se ejecutara la sentencia.
Por su parte, el ministro de Justicia japonés, Keiko Chiba, informó antes de que Akano fuera ejecutado que la pena capital le parecía un castigo excesivamente duro para un delito de narcotráfico. Además, afirmó que estaba preocupado por la posibilidad de que esta noticia cause indignación entre la población japonesa.
El Gobierno chino informó la semana pasada de la ejecución de Akano y anunció que de igual forma serían ejecutados otros tres ciudadanos nipones más, lo que ya provocó una reunión de urgencia el pasado viernes entre el ministro de Asuntos Exteriores japonés y el embajador chino en Tokio, en el que el primero se manifestó preocupado porque estas ejecuciones puedan provocar un incidente diplomático.
El pasado mes de diciembre un ciudadano británico que fue condenado por tráfico de drogas también fue ejecutado en China.
Según grupos pro Derechos Humanos como Amnistía Internacional China ejecuta cada año a miles de personas, si bien Pekín nunca da la cifra exacta de ajusticiados. En Japón también está vigente la pena capital, que según una reciente encuesta encargada por el Gobierno cuenta con la aprobación del 86 por ciento de la población.
