HUELVA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los cinco marroquíes explotados presuntamente por un empresario compatriota, detenido el pasado 21 de julio en la localidad de Cartaya (Huelva), y que fue imputado en proceso penal por ser presunto autor "de delitos de estafa, coacciones y lesiones", declararán el próximo viernes en los juzgados de Ayamonte (Huelva).
Según explicó el abogado defensor de los denunciantes, Fernando Osuna, en una nota, los cinco marroquíes tenían previsto declarar el pasado 25 de noviembre pero por causas ajenas a los denunciantes se suspendió dicho acto procesal y lo harán el próximo 16 de enero. Por su parte, el juzgado acordó la libertad provisional del empresario imputado, el cual ya ha declarado negando los hechos.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Cartaya señalaron que "han puesto todo de su parte para ayudar a los afectados" a lo que añadieron que el problema es que "ellos pagaron 9.000 euros por un permiso de trabajo que está limitado a la provincia de Huelva y al sector textil".
En este sentido, estas fuentes apuntaron que el Consistorio está "facilitando los trámites burocráticos para agilizar la incorporación al trabajo de estos cinco marroquíes afectados, pero la legislación estipula que es necesario que exista un hueco en el Catálogo de Ocupación de Difícil Cobertura en el INEM para que encuentren otro empleo", lo cual es "complicado en tiempos de crisis".
Asimismo, señalaron que para que se produzca la renovación de este permiso "la legislación exige seis meses cotizados en la Seguridad Social y, si no los cumplen, es difícil que haya renovación del permiso, que tiene vigencia de un año".
Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento apuntaron que "se están realizando todas las gestiones necesarias para que estas personas puedan trabajar en otro sector, pero la legislación lo imposibilita".
LA LLEGADA A ESPAÑA
La venida de estos inmigrantes a España supuestamente fue facilitada por el imputado, previo pago de 7.500 euros cada uno, a los que prometió, una vez regularizada su situación, unas condiciones de trabajo y salario posteriormente incumplidas, que incluía unos beneficios mínimos por su trabajo en un taller de confección de unos 1.500 euros y alojamiento sin ningún coste, al ser la vivienda propiedad del empresario, siendo, por el contrario, sus condiciones actuales de "auténtica explotación laboral", ya que "por dos meses de trabajo les pagó 200 euros a repartir entre los cinco denunciantes".
Cuando los agentes accedieron al interior del taller de confección encontraron que nueve personas compartían, con varias máquinas textiles, una superficie de 60 metros cuadrados, en unas condiciones de "total hacinamiento, sin ventilación y con escasa iluminación y trabajando 14 y 15 horas al día".
