MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
CiU defenderá el martes en el Pleno del Congreso de los Diputados si territorializar o no los objetivos de reducción de las emisiones contaminantes, ya que actualmente estos se miden a nivel nacional, como garante del cumplimiento de los citados objetivos.
Se trata de una iniciativa que propone a la Cámara la admisión a trámite de una proposición de ley sobre el destino de los recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero a políticas de cambio climático y su distribución entre las comunidades autónomas.
En concreto, reclaman la territorialización de los objetivos de reducción de emisiones, que actualmente sólo vinculan a los estados, acompañados de la distribución de recursos correspondiente, entre ellos los derivados de la subasta, de acuerdo con las competencias autonómicas y locales, y sostiene que, como consecuencia de ello, como garantía de éxito en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España.
Según la normativa comunitaria y la nacional, los ingresos procedentes de las subastas de CO2 deberán destinarse a políticas de lucha contra el cambio climático, al menos en un 50 por ciento.
En este sentido, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en el Senado en febrero que el 90 por ciento de los ingresos estimados por la subasta de los derechos de emisión de CO2 se iban a destinar a financiar los costes del sistema eléctrico en lo que se refiere a la sostenibilidad de las energías renovables, por un máximo de 450 millones de euros, mientras que el 10 por ciento restante a luchar contra el cambio climático, con un máximo de 50 millones de euros.
LA POLÉMICA DE LAS SUBASTAS
"El redactado de la directiva europea utiliza la forma condicional y, por lo tanto, podría dar a entender cierta discrecionalidad, pero en la misma disposición normativa, la Comisión europea obliga a informar a los estados de cuál ha sido el uso de los recursos de las subastas para demostrar que, como mínimo, se ha destinado el 50 por ciento a luchar contra el cambio climático. Y cabe resaltar la expresión como mínimo", advierte CiU.
Así las cosas, los nacionalistas catalanes recuerdan la polémica suscitada sobre el destino de los recursos procedentes de las subastas del mercado de derechos de emisión de CO2, que se empezaron a poner en marcha el año pasado y que en 2013 "lo harán de forma plena".
En este sentido, recuerdan que el PP, durante la tramitación del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética en el Senado, introdujo una enmiendas por la que se establecía que los recursos procedentes de la subasta de derechos de emisión de CO2 se podrán destinar, con un máximo de 500 millones de euros, a financiar los costes del sistema eléctrico.
"Con el mismo objetivo también introdujeron una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2013", según rememora.
Es más, indica que el desarrollo normativo del Fondo de Carbono de lucha contra el cambio climático se limita a lo que establezcan las leyes de Presupuestos Generales del Estado. "Es incompleto e insatisfactorio", ha puntualizado.
Al mismo tiempo, critica que el Estado determina los usos de este fondo y de los recursos procedentes de las subastas sin la claridad y transparencia "necesaria" y sin explicitar tampoco cuáles son los criterios que piensa seguir, ni cómo piensa tener en cuenta la distribución competencial en muchos de los ámbitos que afectan a la materia.
Por ello, sostiene que territorializar los objetivos de reducción de emisiones contaminante supondrá una "garantía de éxito" en el cumplimiento de los ya adquiridos por el Estado español.
En este sentido, plantea la modificación de la Ley de 2005 por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.
EL 50% AL CAMBIO CLIMÁTICO
Así, promueve la introducción de una disposición adicional sobre el destino de los recursos procedentes de las subastas de derechos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), donde los ingresos íntegros se destinen a políticas de cambio climático y, como mínimo, el 50 por ciento de los mismos se distribuya territorialmente entre las comunidades autónomas, para que éstas puedan desarrollar políticas con los mismos objetivos y, en especial, políticas destinadas a reducir las emisiones de sectores difusos (transportes o industrias químicas).
Igualmente, quiere que la transferencia a las comunidades de la cantidad correspondiente a la asignación que les corresponda en función de los objetivos de reducción o políticas de cambio climático a desarrollar, en cada ejercicio, se hará efectiva antes de finalizar el primer trimestre siguiente al de finalización de cada periodo de recaudación de los recursos procedentes de la subasta de derechos de emisión de gases con efecto invernadero.
Entre otros objetivos plantean el desarrollo de energías renovables con objeto de cumplir con el compromiso comunitario de utilizar el 20 por ciento de las energías renovables de aquí a 2020, medidas dirigidas a impedir la deforestación, desarrollar sistema de captura y almacenamiento de carbono en condiciones de seguridad para el medio ambiente.
De la misma manera, CiU quiere que el Gobierno informe anualmente a las Cortes generales de la ejecución de las previsiones contenidas en la presente ley, tanto de los recursos obtenidos a través de las subastas como del destino concreto de los mismos, así como de los criterios utilizados para su distribución.
