MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
CiU defenderá este miércoles una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que plantea instar al Gobierno a promover los cambios legales oportunos para que los delitos de violencia cometidos contra mujeres que ejercen la prostitución sean considerados delitos de violencia de género, a los efectos de posibilitar la aplicación sobre las víctimas de la protección que las leyes contemplan en estos casos.
Se trata de una proposición no de ley registrada por la portavoz de CiU en materia de Igualdad, Lourdes Ciurò, en la que denuncia que, al menos 20 mujeres que ejercían la prostitución fueron asesinadas en los últimos tres años, 19 a manos de hombres y una por una mujer, sin embargo, sólo uno de estos casos está contemplado en las estadísticas oficiales de violencia de género.
En concreto, puntualiza que de las 20 fallecidas, al menos 14 fallecieron a manos de sus clientes. Tres casos están aún por resolver. Mientras, dos murieron asesinadas por sus parejas y en el último caso fue una mujer la que acabó con la vida de la víctima.
Por comunidades autónomas, Ciurò detalla que entre los 19 casos de muertes a manos de hombres, Andalucía es la que más casos de muertes violentas de prostitutas registra, con un total de siete casos. A esta comunidad autónoma le sigue Valencia, con seis mujeres muertas; Cataluña, con cuatro; y uno respectivamente en Madrid y Castilla-La Mancha.
"La violencia ejercida contra las prostitutas se ha convertido en violencia de género invisible" debido a la definición que hace de ella el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.
En la normativa se entiende por violencia de género la que, "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".
DEJA FUERA OTRAS REALIDADES
En este sentido, la diputada de CiU alerta de que desde muchos sectores se considera que la primera ley contra la violencia machista en España, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2004, limita la definición de este tipo de violencia a la que se ejerce dentro de la pareja o expareja y deja fuera otras manifestaciones de poder del hombre sobre la mujer, como el acoso sexual o el que se produce en el trabajo.
A su juicio, en el caso de una mujer que ejerza la prostitución y un hombre que busque sus servicios se establece una "clara relación" de poder del hombre sobre la mujer y por tanto, haya o no relación de afectividad, se trata de violencia de género.
"Hay que tener en cuenta que los autores de los actos violentos contra prostitutas no son únicamente los clientes que buscan sus servicios sino, en muchas ocasiones, los mismos proxenetas que las explotan", añade.
Es más, advierte de que en el mundo de la prostitución existe "muchísimo maltrato", tanto a nivel físico como psicológico, y es un entramado que se alimenta de la relación desigual entre el proxeneta y las mujeres o entre el cliente y las mujeres. "En cualquier caso se trata de una clara relación de dominio de un hombre sobre una mujer", subraya.
Además, lamenta que en la mayoría de los crímenes registrados contra mujeres que ejercían la prostitución, los asesinos se ensañaron brutalmente con las victimas y en todos los casos ellas se enfrentaron al momento de su muerte en un estado de absoluta vulnerabilidad social y legal.
"Que esos crímenes queden en la invisibilidad, y no computen como violencia de género debido al redactado de una ley que impone como requisito para condenar a alguien por violencia machista que exista o haya existido un vínculo afectivo, es, cuanto menos, desafortunado", critica la parlamentaria catalana.
Por todo ello, Lourdes Ciurò subraya que el hecho de contemplar en las estadísticas oficiales de violencia de género los actos de violencia realizados contra las mujeres que ejercen la prostitución, y se hallan en una situación de desamparo social y legal, ayudaría a visibilizar las "terribles condiciones de vida" que sufren estas mujeres y daría una visión, "más acorde con la realidad", de hasta qué punto la violencia machista o de género supone "una lacra" para la sociedad.
