MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
CiU reclama al Gobierno en una proposición no de ley en el Congreso una serie de reformas y aquellas adaptaciones que sean necesarias para evitar que la tartamudez o disartria no sea causa de exclusión o impedimento en aquellos procesos de selección de personal para acceder a la condición de funcionario al servicio de la Administración General del Estado.
Según explica el Gobierno, la tartamudez no es una enfermedad, sino un trastorno del lenguaje y para considerar que un sujeto padece este trastorno deberán coexistir tres aspectos junto a la falta de fluidez: tensión muscular excesiva durante el hablar y ritmo respiratorio inadecuado, ansiedad ante ciertas situaciones de comunicación social y expectativa negativa del sujeto tartamudo ante su habilidad en la dicción.
Esta disfunción afecta más a los hombres que a las mujeres y en España se calcula que existen 800.000 personas afectadas por este problema en diferentes grados, según puntualiza.
La iniciativa, recogida por Europa Press, para su discusión en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, tiene la finalidad de garantizar el principio de igualdad en el acceso a la función pública e impulsar la plena integración de las personas que forman este colectivo en el ámbito laboral del sector público.
Igualmente, solicita apoyo a todas aquellas iniciativas de la sociedad civil que tengan como objetivo normalizar la realidad de las personas que padezcan tartamudez y luchar contra su discriminación en todos los ámbitos de la vida colectiva.
CAUSA DE EXCLUSIÓN EN EL ACCESO
Es más, quiere que se informe al Congreso de los Diputados de todas las acciones levadas a cabo en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de octubre de 2005 y de la Moción aprobada por el Senado en fecha 8 de mayo de 2007.
En concreto, el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005 adoptó el acuerdo de eliminar la disartria manifiesta del cuadro médico de causas de exclusión para el acceso a la condición de funcionario o a la de miembro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y para ello desde los Departamentos competentes se había de promover la modificación de las normas reglamentarias que contemplen este requisito y aplicar esta medida en todas las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a cuerpos o escalas que se convocasen con posterioridad a dicho acuerdo.
El mismo acuerdo proponía, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, que el Gobierno adoptaría un marco estable de colaboración con el movimiento asociativo de las personas con tartamudez para la prevención, rehabilitación, apoyo psicosocial y la inserción laboral de estas personas, según señala la iniciativa.
De la misma forma, el Senado aprobó en 2007 una moción por la que instaba al Gobierno a seguir impulsando una campaña de sensibilización y divulgación de la tartamudez o disfemia a nivel estatal, para concienciar a la sociedad sobre la naturaleza y la problemática de las personas afectadas por este problema, así como de sus necesidades, entre otros puntos.
