Plantea una primera dotación de 100 millones, con cargo a los PGE, y posteriormente con los bienes vacantes que se conceden al Estado
MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
CiU ha registrado en el Congreso una proposición de ley, que la Cámara deberá decidir si admite a trámite o no, para crear un fondo de ayuda al Tercer Sector que, a su juicio, se está viendo fuertemente afectado por la "dura crisis económica".
En su propuesta, recogida por Europa Press, los nacionalistas catalanes plantean que este "fondo para la reestructuración de entidades sin afán de lucro del tercer sector o FRETS" se nutra de los recursos consignados anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, durante su primer año de vida cuente con 100 millones de euros.
Eso sí, para años posteriores, plantea que se destinen los recursos que asignen los PGE, entre los cuales figurarán aquellos que de acuerdo con las disposiciones normativas, lleguen a ser calificados como bienes vacantes, abandonados o que carecen de dueño conocido, y que se atribuyan al Estado.
"Recursos ociosos, bloqueados en cuentas o depósitos, indemnizaciones de seguros no reclamados, sucesión abintestato del Estado, deuda perpetua, consignaciones judiciales abandonadas o decomisadas, u otros bienes vacantes que acaben otorgándose a la Administración General del Estado", propone CiU.
En cuanto al destino de los fondos, estos se distribuirán a las comunidades autónomas, aunque en proporción al número de entidades del tercer sector social existentes y potencialmente beneficiarias en cada una de ellas.
A su vez, plantea que los recursos del FRETS también incluyan una línea dirigida a cubrir un máximo del 30 por ciento de las pérdidas acumuladas por las entidades beneficiarias en los tres últimos ejercicios, siempre y cuando esta situación comporte un riesgo para su viabilidad futura y cuando la entidad presente un plan de viabilidad y sostenibilidad que le permita compensar el resto de las pérdidas, ya sea mediante fusiones con otras entidades o mediante aportaciones de nuevos recursos privados, así como demostrar que las medidas previstas van a evitar futuras pérdidas.
GESTIÓN DEL FONDO
Además, CiU propone que la gestión, concesión y pago de los fondos sea atribuida a las comunidades autónomas, respecto aquellas entidades beneficiarias que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de su comunidad autónoma respectiva. No obstante, dice que estará regido y administrado de forma compartida por la administración general del Estado y por las comunidades autónomas.
En este sentido, CiU quiere que su órgano rector esté constituido por dos representantes de la administración general del Estado y por un representante de cada una de la comunidades autónomas, recayendo dicha representación en el miembro del Consejo de Gobierno respectivo que tenga a su cargo las competencias en la materia.
En una disposición adicional establece también que el Gobierno llevará a cabo las actuaciones necesarias para promover el capital riesgo social, con el objetivo de canalizar la inversión social en proyectos de innovación social o emprendimiento social, mediante la adquisición de cuotas participativas o de acciones de las mismas.
Para ello, en el plazo de un mes, entre otras, quiere que se lleve a cabo las acciones oportunas que posibiliten que una parte de los fondos de capital riesgo de ENISA (Empresa Nacional de Innovación), se puedan destinar a capital riesgo social, añadiendo el componente social a sus objetivos: existencia de fines sociales, compromiso de crear impacto social, y voluntad y determinación de hacer una contribución a la sociedad.
EN ESTADO DE SUPERVIVENCIA
En la exposición de motivos de la iniciativa, los nacionalistas catalanes lamentan la drástica reducción de los presupuestos de las administraciones en las partidas destinadas a apoyar y a pagar por la labor que estas entidades realizan ya que, a su juicio, está incidiendo de forma "muy negativa", directa e intensamente sobre el tercer sector social.
"Las administraciones no están abonando o lo están haciendo con enormes retrasos, las ayudas y subvenciones ya concedidas, o las deudas comerciales contraídas por prestación de servicios, arrastrando a muchas de estas entidades al cierre", critica CiU.
A la reducción de los fondos públicos señala que hay que añadir, además, la disminución de los recursos de las obras sociales de las cajas, y la desaparición de buena parte de ellas.
"Esta situación y el cierre del acceso al crédito incide en la capacidad de tesorería de las organizaciones y por tanto en su capacidad de inversión tanto en el mantenimiento de sus instalaciones como en nuevos proyectos, y en definitiva en sus posibilidades de supervivencia", lamenta CiU.
