MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid indicó hoy que las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo acumularon en 2007 un total de 208 reclamaciones y/o denuncias, lo que supone una media de 30 por centro, unas cifras "sensiblemente mayores que en otro tipo de centros".
Así, señaló que los 9.311 centros sanitarios autorizados en la región presentaron en 2007 una tasa se reclamación y/o denuncia de 0,14 por centro.
La directora general de Calidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, instó hoy a las clínicas abortistas que cumplan la ley durante la reunión mantenida esta mañana con representantes de la Asociación de Clínicas de Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI).
"Estos datos justifican por sí solos la inclusión de los centros de interrupción voluntaria del embarazo dentro del Plan de Inspección, que cada año elabora la Consejería de Sanidad, y que va dirigido a vigilar el cumplimiento de la legislación vigente", indicó.
Flores explicó que la Consejería de Sanidad, a través de su Plan de Inspección anual, viene controlando los centros sanitarios existentes en la Comunidad de Madrid con distintos programas de inspección, que se hacen en base a una serie de factores, "entre los que se encuentran las reclamaciones presentadas por los usuarios".
En la misma reunión, la Comunidad aseguró que en las inspecciones realizadas se detectaron graves irregularidades, tales como posible falseamiento de los informes psiquiátricos y del libro de quirófano, destrucción de historias clínicas, informes firmados en blanco, emisión de informes psiquiátricos por persona que no era psiquiatra, entre otras, "lo que puede suponer un grave riesgo para la salud de las pacientes, así como un posible delito, motivo por el cual se dio traslado de las actuaciones al Juzgado, que ha abierto diligencias previas para el esclarecimiento de los hechos".
Asimismo, la directora general de Calidad se hizo hincapié en que el cumplimiento de la legalidad "es el eje conductor de la actuación de la Administración Autonómica", y se instó a los representantes de ACAI a que ajusten la actividad y los centros a lo dispuesto por la normativa aplicable.
Por último, la Comunidad recordó que la legislación aplicable en este asunto es básicamente estatal y de aplicación en todo el territorio nacional.
