MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de emprender una batalla legal, bajo la supervisión del máximo tribunal de la Unión Europea (UE), sobre la gestión del régimen de comercio de emisiones de la UE (ETS), después de que el miércoles pasado, el Tribunal Europeo de Primera Instancia anulase la comisión que trata de reducir las cuotas de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de Polonia y Estonia.
En esa ocasión, según recoge la BBC, el tribunal defendió el derecho de los estados de la UE a fijar sus propias cuotas de CO2, lo que llevó a los miembros del organismo comunitario a sentirse "muy decepcionados" y a estudiar la sentencia, "con vistas a una posible apelación". "Nuestras acciones serán guiadas por la necesidad de proteger la integridad del mercado de carbono y dar seguridad jurídica", explicó un portavoz de la comisión, Barbara Helfferich.
Mientras, los gobiernos tratan de llegar a una posición común sobre los objetivos de reducción de emisiones antes de la Cumbre global sobre el Cambio Climático (COP15) que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Copenhague (Dinamarca).
Por su parte, la comisión, que ya había negado los planes nacionales de asignación (PNA) de Polonia y Estonia para el período 2008-2012, establació que, en primer lugar, Polonia debía rebajar un 27 por ciento sus emisiones y Estonia después, con una reducción del 48 por ciento.
El régimen ETS posibilita que los permisos de emisiones de CO2 sean objeto de comercio, de forma que "los grandes contaminadores" puedan comprar licencias adicionales a aquellas empresas que contaminen menos. Este plan, que inició en 2005, tenía como objetivo reducir las emisiones de carbono en toda la UE, "como parte de la batalla contra el calentamiento global".
LOS PAÍSES DEL ESTE PIDEN NIVELES "MÁS INDULGENTES"
Sin embargo, los países del antiguo bloque comunista de Europa Central y Oriental reivindican que estos derechos de emisión sean "más indulgentes" y, para lograrlo, argumentan que hicieron importantes recortes de emisiones en la década de 1990. Además, piden tiempo para ponerse a la altura de los países más desarrollados, los primeros miembros de la UE.
En esta línea, el tribunal dictaminó que "un Estado miembro tiene poder para elaborar el Plan Nacional de Asignación (PNA), que debe notificar a la comisión, así como de tomar las decisiones finales y fijar la cantidad total de derechos de emisión que asignará para cada período de cinco años y su distribución entre los operadores económicos".
Asimismo, el fallo establece que el organismo europeo tiene un poder de revisión en materia de planes de acción nacionales muy restringido y concluye de que sus miembros habían superado el margen de maniobra que les fue conferido por la directiva de la UE respecto al régimen de comercio.
