PARIS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Una comisión parlamentaria formada por 32 diputados será la encargada de analizar a partir del próximo 1 de julio el fenómeno del burka en Francia y de proponer en su caso si conviene legislar para prohibir su uso.
Ayer, el presidente Nicolas Sarkozy dejó en manos del Congreso decidir sobre este asunto pero subrayó que el burka "no es bienvenido" en territorio francés, al entender que atenta contra "la dignidad de la mujer".
La comisión tendrá seis meses para abordar los trabajos y en ellos participarán diputados procedentes de cuatro grupos políticos de la Asamblea: Diecisiete de la UMP; once del Partido Socialista; dos de Nuevo Centro y otros dos de la Izquierda Democrática y Republicana. Su presidente podría ser el comunista André Gerin, según informa la edición digital de 'Le Figaro', el diputado promotor de la idea de abrir una comisión parlamentaria sobre el burka.
Su propuesta lanzó el debate sobre la oportunidad de legislar en un país de fuerte tradición laica y donde los signos religiosos están ausentes de la vida pública pero el tema provoca una gran controversia y genera división en el seno mismo del Gobierno entre los partidarios de una ley y los que temen estigmatizar a los musulmanes, que se calcula que en Francia son unos cinco millones, y a las mujeres que llevan simplemente el velo.
El Consejo Francés de Culto Musulmán (CFCM) insiste en el aspecto "marginal" de este fenómeno, ligado a una minoría de musulmanes que se reivindican salafistas y defienden una visión puritana del Islam. Sin embargo, la secretaria de Estado de derechos humanos, Rama Yade, cree que el uso del burka es un fenómeno que va en aumento.
De momento, los diputados sólo van a reflexionar sobre la cuestión. Las misiones parlamentarias son temporales y su papel es simplemente de información.
Para ello realizarán audiciones y si es necesario viajarán por Francia o algún país extranjero. Al término de sus trabajos puede presentar una proposición de ley firmada por el conjunto de sus miembros.
A diferencia de una comisión de investigación, la parlamentaria no tiene poderes coercitivos que obliguen a las personas convocadas a presentarse ante ella para declarar so pena de sanciones penales.
El presidente de la Asamblea nacional, Bernard Accoyer, ha propuesto esta solución para poder trabajar de manera "serena y concertada sobre un asunto evidentemente complejo".
