MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras exigió hoy al Gobierno la consecución de "un acuerdo global" para el desarrollo de la Ley de Dependencia para evitar una "disparidad normativa" entre las autonomías que "no garantiza el mismo nivel de calidad en las prestaciones que reciben los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia", como concluye un estudio elaborado por su Secretaría Confederal de Política Social.
Según el trabajo, que analiza once criterios, existe "un elevado grado de disparidad" entre las distintas normativas autonómicas. De hecho, de las seis regiones que recientemente han regulado el copago en las prestaciones económicas (Asturias, Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura), no hay "ninguna que tenga exactamente la misma normativa".
De hecho, Comisiones Obreras sólo ha encontrado consenso entre regiones "a la hora de establecer qué elementos componen los ingresos derivados de rentas y patrimonio, para los que se utiliza lo ya dispuesto en la legislación del IRPF y del impuesto de Patrimonio".
Esta "disparidad" tiene, según el sindicato, "un doble efecto negativo: primero, porque complica que los ciudadanos tengan acceso exactamente al mismo derecho reconocido por la Ley independientemente de su lugar de residencia; y segundo, porque hace más difícil un acuerdo general futuro en el Consejo Territorial".
De entre el resto de materias, "todas dispares", el sindicato señala las consideraciones relacionadas con los ingresos considerados como mínimos exentos (para los que no existe copago). En este punto se utiliza como criterio general los ingresos menores del IPREM (5.990 €/año), aunque hay territorios (Asturias) que utilizan como referencia el 75% del IPREM (4.492 €/año).
VENTAJAS DISTINTAS
Algo parecido ocurre con los porcentajes máximos de copago, que en algunas autonomías "llegan a tener diferencias respecto de la pauta más utilizada del 10% para las prestaciones vinculadas a un servicio o asistente personal y de un 15% para las prestaciones económicas de cuidado familiar".
En la cuantía mínima asegurada para los grandes dependientes, todas las comunidades autónomas "sitúan en no menos que lo establecido para las Pensiones no contributivas (312 €/mes), si bien algunas (Cantabria, Extremadura, o Asturias que no lo regula) limitan esta cuantía mínima sólo a beneficiarios con ingresos menores a 3 veces el IPREM", destaca CCOO.
En cuanto al tratamiento de la vivienda habitual como excluída del cómputo de la capacidad económica del beneficiario, los tratamientos "varían de unos territorios a otros en función de si se tienen en cuenta o no las cargas familiares del beneficiario, y otros elementos".
Por otro lado, el sindicato señala que "existe gran disparidad en otros aspectos regulados" como el mecanismo para establecer la capacidad económica final, el número de tramos en los que se ha dividido el copago, el cómputo de las cargas familiares, o la documentación acreditativa que hay que presentar cuando se solicitan las prestaciones.
