MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley impulsada por el Grupo Socialista y enmendada por el PP y CiU en la que se insta al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses, un informe sobre la discriminación salarial de las mujeres en España que "permita establecer las acciones políticas necesarias para su erradicación".
Según explicó la diputada socialista Francisca Medina, si bien "la tasa de empleo femenina ha avanzado del 40 al 60 por ciento en los últimos años" en el entorno europeo, la inestabilidad, el desempleo, la temporalidad y las diferencias retributivas "siguen siendo un indicador de la persistencia de la desigualdad de sexo" en una situación "compleja como lo es el mercado laboral" y a la que "hay que acercarse lo más posible" mediante estudios como el que solicita la Comisión al Gobierno.
La portavoz del Grupo Popular, María del Carmen Quintanilla, que apoyó la iniciativa, introdujo una enmienda en el texto para recordar al Gobierno que además de realizar el citado informe, debe poner en marcha las actuaciones que aprobó la Comisión de Igualdad el pasado mes de mayo, en relación a intensificar las inspecciones de trabajo e incrementar las medidas para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
En este sentido se pronunció la portavoz del Grupo Mixto, Olaia Fernández Dávila, quien apoyó la propuesta ras matizar que "el Gobierno debe hacer algo más que un estudio y debe llevar a cabo los puntos que fueron acordados en la Comisión porque son pasos positivos y porque en lo que respecta al trabajo de analizar el problema, todo está hecho y perfectamente identificado, lo que es preciso es dar pasos adelante"-
La portavoz de CiU, Mercé Pigèm, apuntó sobre este asunto que "no es que no haya ningún estudio" sobre el alcance de este fenómeno, sino que no hay investigaciones que aclaren cuáles son las causas. Por eso, su grupo introdujo una enmienda con el acuerdo del resto de la Comisión que da de plazo al Gobierno seis meses para elaborar un estudio sobre el fondo de la cuestión y enviarlo al Parlamento.
