MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a reforzar, tanto en la Escuela Judicial, como en sus planes de formación continua la formación específica a jueces, magistrados y alumnos de la escuela judicial sobre el fenómeno de la violencia doméstica.
Se trata de una de las propuestas de resolución aprobadas a instancias de PP y PNV este jueves en el Congreso de los Diputados sobre la Memoria de 2013 del CGPJ.
Asimismo, se propone al Consejo que siga creando juzgados especializados en materia de familia, incapacidades y tutela, siempre que resulte necesario, en aquellos partidos judiciales en que aún no dispongan de los mismos.
A su vez, y gracias a un acuerdo entre PP y la Izquierda Plural, se sugiere al CGPJ que refuerce la política de formación en relación con la sensibilización de jueces y magistrados con la violencia contra las mujeres a la vista del incremento de muertes a manos de sus parejas o exparejas sufrido en 2013 con respecto al año anterior.
A instancias del PSOE, el Congreso insta al CGPJ a reforzar la coordinación entre la Comisión de Igualdad y el Observatorio contra la violencia doméstica y de género, siendo éste un instrumento del que dicha comisión se servirá en el ejercicio de sus funciones.
MENORES
En materia de menores, la Cámara Baja también ha aprobado una propuesta de UPyD al CGPJ por la que se le sugiere que lleve a cabo todas las medidas que estén en su mano para proteger y garantizar los derechos de los menores incursos en procesos judiciales.
Para ello, plantea la promoción de una formación inicial y continua a los jueces y magistrados en derechos de infancia y evolución de las capacidades de los niños, que aseguren una valoración y motivación adecuadas de sus resoluciones, basadas en el interés superior de los niños.
Asimismo, promueve la aprobación de protocolos para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de un niño inmerso en un proceso judicial, de manera que resulta "plenamente" garantizada con sus derechos, especialmente el derecho a ser escuchado y evitando en todo caso experiencias victimizadoras.
Igualmente, plantean al órgano que en el ámbito de sus competencias promueva los mecanismos necesarios para disminuir la excesiva duración de los procesos judiciales para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que un proceso judicial que dure más de cinco años es contrario al derecho a un juicio justo o fair trial.
