Reclama que se adapte y aplique el procedimiento que garantiza el voto secreto de los invidentes de cara a las elecciones municipales de 2011
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes --en el seno de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad-- una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a consensuar con las comunidades autónomas el establecimiento de un nuevo certificado de minusvalía tamaño carné, similar al DNI electrónico.
En él, según detalla la iniciativa, se acreditará el grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento y si la persona con discapacidad tiene movilidad reducida.
Según ha explicado la diputada 'popular' María del Carmen Quintanilla, algunas autonomías ya lo han establecido y, por lo tanto, de lo que se trata es de consensuar su puesta en marcha en aquellas que no lo tienen para que no se produzca "discriminación". En su opinión, este medida facilitaría el uso del certificado a sus beneficiarios.
Por su parte, el diputado del PSOE Higinio Almagro ha recordado que la propuesta "no es nueva", aunque ha reconocido que su establecimiento en tamaño carné será "más cómodo" y "mejorará la calidad de vida" de este colectivo.
VOTO DE INVIDENTES
En otro orden de cosas, la comisión ha aprobado también por unanimidad una proposición no de ley --a propuesta de ERC-IU-ICV y enmendada por el Grupo Socialista-- por la que se pide al Gobierno que evalúe el procedimiento vigente que garantiza el voto secreto a personas invidentes.
Además, reclama, en su caso, que tome las medidas necesarias para "su futura adaptación y ampliación en las próximas elecciones municipales".
Así como ha manifestado el diputado de ERC Joan Tardà, la propuesta --de la que ha apuntado que "no es inalcanzable"-- recoge las demandas ya expresadas por los distintos grupos parlamentarios.
VALORACIÓN DE LA TARTAMUDEZ
Por otra parte, se ha aprobado una proposición del Grupo Mixto por la que se pide al Ejecutivo que impulse la modificación del apartado relativo a personas con discapacidad en el Estatuto del Empleado Público para incluir adaptaciones en los procesos selectivos a personas que, sin alcanzar las discapacidad mínima del 33 por ciento, sufran algún trastorno como disfemia (tartamudez) o capacidad intelectual límite, que les impida participar en pruebas en igualdad de condiciones.
La propuesta, enmendada por el PP, fue apoyada por todos los grupos a excepción del Grupo Socialista, que no pudo evitar que la iniciativa saliera hacia adelante.
Finalmente, se ha acordado reclamar al Ejecutivo, a petición de CiU, que adopte un plan de contratación pública socialmente responsable en relación con la discapacidad que incluya cláusulas sociales en todas las licitaciones. También se ha aprobado pedirle que promueva el desarrollo de las tecnologías de la accesibilidad en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios.
