Publicado 18/12/2013 18:34

El Congreso pide al Gobierno que informe anualmente de las condiciones de los CIE

Centro De Internamiento De EXTRANJEROS DE ALUCHE MADRID CIE
EUROPA PRESS


MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno a informar anualmente sobre las condiciones y la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), aportando la documentación pertinente.

Se trata de una enmienda transaccional alcanzada entre PP y CiU, grupo proponente de la inciativa, y que ha contado finalmente con el respaldo de los grupos parlamentarios, según han avanzado estos en el debate.

"Se trata de una mejora técnica", según ha explicado la diputada del PP Belén Hoyos, ya que en el texto del reglamento ya se prevé la realización de un informe estadístico anual.

Respecto a los aspectos previstos en la proposición no de ley inicial y que solicitaba el diputado de CiU en primera instancia, Hoyos ha dicho que ya es posible conocer mucha información de manera inmediata vía informática, como los motivos de entrada o salida de los inmigrantes, la estancia media en los centros, o la nacionalidad y sexo de los internos, por ejemplo.

Por otro lado, ha asegurado que el reglamento que regulará la normativa de los CIE, pendiente desde 2009, anterior legislatura socialista, se encuentra en fase de consultas y actualmente está en el Consejo de Estado.

"En los CIE se respetan derechos fundamentales y en todos los centros se garantiza la asistencia médica, farmacéutica y judicial, se contemplan medidas como le contacto periódico con ONG", ha remarcado.

La diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, ha apoyado la propuesta aunque considera que para conocer la situación de las personas es necesario conocer la realidad de los centros de internamiento. Ha recordado que el reglamento está pendiente desde 2009.

Por parte de IU, Ricardo Sixto ha subrayado que se suma a esta iniciativa, aunque él siempre defienda que hay que cerrar los centros de internamiento de extranjeros porque, a su juicio, hay otras medidas alternativas.

Mientras, desde UPyD, Rosa Díez suscribe la transaccional alcanzada entre PP y CiU, aunque le gustaría que el texto fuera más amplio.

El diputado de CiU, Toni Picó, pedía en primera instancia la elaboración de un informe anual relativo a la situación de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España, dependientes del Ministerio del Interior y gestionados por el Cuerpo Nacional de Policía, dada la preocupación social suscitada por las condiciones de vida de las personas extranjeras internadas en centros en estos últimos años.

Existen ocho centros con capacidad para unas 2.500 personas simultáneamente, ubicados en Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

Los nacionalistas catalanes recuerdan que el Defensor del Pueblo, defensores del ámbito autonómico, la Fiscalía General del Estado y, "muy especialmente", las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de extranjeros, han denunciado las condiciones del régimen de internamiento y han propuesto soluciones para evitar hechos que de ningún modo deben producirse en un Estado de derecho.

"Una de las críticas más reiteradas, junto con la necesidad de cumplir el mandato legal de aprobar el reglamento del régimen de los centros, es la falta de datos en relación a cuántas personas se internan en los centros, cuántas son expulsadas del territorio, condiciones de internamiento, servicios que se ofrecen, quejas que se formulan", añade CiU.

Además, critica que el Ministerio del Interior no publique cifras relativas a los CIE por lo que ve necesario dar la "máxima transparencia" y acabar con la opacidad que preside la situación de los centros de internamiento de extranjeros.

"Deben ofrecerse los datos y estadísticas generales sobre el movimiento de personas y su situación, así como en relación a otros aspectos jurídicamente relevantes, como son, por ejemplo, víctimas de trata de seres humanos, de violencia de género, o solicitantes de asilo y otras situaciones similares, que permitan comprobar si están funcionando los mecanismos de protección", concluye CiU.

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