MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se reclamaba al Gobierno, entre otras medidas, doblar la pena en los casos en que se vulnere la orden de alejamiento en materia de malos tratos.
Todas las formaciones rechazaron la iniciativa del PP al entender que las medidas que contiene, en parte, ya están llevándose a cabo por las distintas administraciones, o bien no han sido consensuadas, de acuerdo con el 'espíritu' con el que fue diseñada la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género.
En este sentido, la diputada socialista Mariví Monteserín apuntó que esta norma establece una revisión de su efectividad, tras un plazo de cuatro años, que se cumple en 2008. Monteserín valoró a Europa Press que la moción del PP es "claramente de coyuntura electoral" y advirtió de que "no se puede jugar tanto con los temas sensibles como el de le violencia de género". Además, señaló que algunos puntos de la moción del PP ya se realizan, como el plan de sensibilización.
La moción del PP planteaba un paquete de 13 medidas dirigidas a mejorar la lucha contra este problema. La portavoz en la materia, Susana Camarero, se mostró críticos con las acciones llevadas a cabo por el Gobierno y denunció la "ineficacia" de la Ley Integral impulsada por el Gobierno en 2004.
Según Camarero, el Ejecutivo destina más recursos al "autobombo" que a la lucha contra este problema. A este respecto, los 'populares' avisan del incremento de mujeres asesinadas y de la "ralentización" de las denuncias.
MEDIDAS PROPUESTAS EN LA MOCIÓN
Por todo ello, el Grupo Popular propuso una serie de medidas tales como la promoción de campañas informativas, de sensibilización y concienciación social en las que se explique qué acciones son constitutivas de delito; la concesión de préstamos a interés cero para las mujeres víctimas de violencia de género; o la facilitación de un puesto de trabajo para las víctimas de violencia de género que cuenten con una sentencia judicial.
Asimismo, este grupo demandó un incremento del número de juzgados de violencia de género y que éstos cuenten con una dotación de recursos suficiente, el aumento de vigilancia de las personas con una orden de alejamiento, que las órdenes de alejamiento lleguen a los agresores con una mayor rapidez y una mayor generalización de programas de rehabilitación para los maltratadores.
Finalmente, reclamó la implantación de planes de seguridad personalizada para cada víctima, el acceso a la orden de protección de los ascendientes y descendientes de las víctimas que convivan con éstas y la imposibilidad de que condenados por violencia de género puedan ocupar cargos políticos o de responsabilidad pública.
