MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los adolescentes serán a partir de ahora uno de los objetivos prioritarios del Gobierno para acabar con la violencia contra las mujeres, según ha subrayado el Ejecutivo en una Declaración que se ha aprobado en el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el próximo 25 de noviembre. En este sentido, el Gobierno ha explicado que asentará en el sistema educativo los principios de la igualdad y de la prevención del maltrato, y promoverá ampliar el bagaje de conocimiento sobre este fenómeno entre la juventud.
La Declaración señala que "la juventud y la población adolescente deben contribuir de manera singular al fin de la violencia contra la mujer, siendo necesario que los jóvenes identifiquen y rechacen conductas que, siendo objetivamente violencia de género, a veces, se toleran o justifican como consecuencia de la pervivencia de estereotipos discriminatorios".
El Gobierno también ha indicado que junto a estas acciones realizará campañas específicas de prevención del maltrato desde sus primeras señales dirigidas a los jóvenes, como la campaña 'Hay Salida' de este año, que se orientará a los adolescentes, y ha subrayado que "la juventud de hoy es protagonista de la sociedad libre de violencia de género de mañana".
En la Declaración, el Ejecutivo ha hecho un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas y a la coordinación entre las administraciones, el poder judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los medios de comunicación, los profesionales implicados, las asociaciones y la sociedad. En ella se sitúa la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, como "un problema global que afecta gravemente a toda la humanidad y constituye un atentado contra la dignidad personal, la integridad y los derechos fundamentales de quienes la sufren".
El Ejecutivo ha indicado que la "madurez" de las políticas públicas se centra en seguir perfeccionando los instrumentos y recursos de los que dispone el sistema contra la violencia de género implantado en España, con el fin de prevenir el problema, recuperar a las víctimas y provocar "el rechazo activo de todos los que amparan, promueven o legitiman" la violencia de género. La Declaración también hace alusión a que España "ha consolidado un amplio sistema institucional de prevención, asistencia y protección" con la Ley de Protección Integral de 2004 y la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer,
Además, ha explicado que se compromete a reforzar y mejorar el sistema a través del fomento de la concienciación ciudadana y de la sensibilización a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y de una sociedad libre de violencia de género.
La Declaración también señala que la atención, asistencia y protección junto a sus madres de los menores víctimas de la violencia de género, al igual que la ayuda a colectivos como mujeres con discapacidad, mayores, del medio rural o inmigrantes, se convierten en otros ejes clave de la acción del Gobierno.
Respecto a estas víctimas recoge que es "preciso procurar una respuesta adaptada" a estos grupos vulnerables, y ha añadido que es necesario hacer hincapié en los hijos de las mujeres que sufren violencia de género, "las víctimas invisibles: porque la reciben o porque la ven", ya que son instrumentalizados para dañar a sus madres y perpetúan, si no son asistidos, los roles de agresor y víctima.
El Ejecutivo ha recalcado que es "imprescindibe" visibilizar otras formas de violencia contra la mujer como la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y la violencia sexual. De este modo ha indicado que "están presentes en nuestra realidad y quienes la sufren merecen también que todos los poderes públicos y la sociedad actúen para su eliminación".
Igualmente, el Gobierno considera prioritario "seguir abogando por la ampliación de estudios y datos estadísticos disponibles, y por la transparencia en la información y las cifras".
Además, la Declaración también incluye el compromiso de España contra las diferentes formas de violencia contra la mujer en la comunidad internacional, especialmente en los ámbitos de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa o la OCDE.
