MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima que recurrir la obtención de permisos penitenciarios y la clasificación en tercer grado de sus agresores. Además, podrán recurrir su libertad condicional en casos de condenas superiores a los cinco años de cárcel.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado un texto que nace con el objetivo de ampliar los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas, estén o no personadas en la causa, y sin perjuicio de la legislación específica que se mantiene en casos de terrorismo o violencia de género.
Entre las principales novedades, las víctimas, incluso aquellas que no se hayan personado con anterioridad, podrán recurrir el sobreseimiento de su causa en el plazo de 20 días. En la actualidad, el plazo de tres días resulta insuficiente para presentar impugnaciones.
Las víctimas de delitos de homicidio, de terrorismo, lesiones, tortura y contra la integridad moral, robo cometido con violencia, contra la libertad y la integridad sexual o los cometidos dentro de una organización criminal, y siempre y cuando las penas de prisión sean superiores a cinco años tendrán un derecho "excepcional".
Así pues, podrán recurrir las resoluciones del juez autorizando la clasificación del tercer grado antes del cumplimento de la mitad de la condena, y aquellas en las que acuerde que el cómputo del tiempo para la aplicación de beneficios penitenciarios se haga sobre el límite de cumplimiento y no sobre el total de la suma de las penas. En estos casos se permitirá recurrir la libertad condicional del penado.
Se reconoce expresamente el derecho de la víctima a dirigirse al tribunal y solicitar que imponga medidas de control al preso que obtenga la libertad condicional. Además se facilitará que las residentes en otros países de la Unión Europea presten declaración inmediatamente y que lo hagan, en la medida de lo posible, a través de sistemas de videoconferencia en sus intervenciones posteriores.
"DERECHO DE REFLEXIÓN"
El Estatuto introduce lo que Ruiz-Gallardón ha calificado como el "derecho de reflexión" para evitar "escenas dolorosas" como las producidas en los accidentes de Spanair y de Angrois. Se prohíbe a abogados y procuradores dirigirse a las víctimas de grandes catástrofes para que contraten sus servicios en el plazo de un mes desde el accidente. Esta prohibición queda sin efecto si su prestación ha sido solicitado expresamente por el afectado.
El Estatuto aumenta además las medidas de protección con el fin de evitar una victimización secundaria. De este modo, se evita el contacto entre las víctimas y sus familiares con los delincuentes y se reduce el número de interrogatorios para evitar sus efectos traumáticos.
Igualmente, se protege su intimidad introduciendo una "especial" reserva en lo relativo a sus datos de carácter personal y a su imagen, que no podrán ser divulgados por los medios de comunicación.
Estas medidas de protección se extreman para personas especialmente vulnerables, como menores, discapacitados o víctimas de delitos violentos, sexuales, terrorismo, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer o grandes siniestros con víctimas múltiples.
Por ejemplo, las declaraciones de los menores podrán ser grabadas para después ser reproducidas durante el juicio. Además, podrá tener un representante legal cuando exista una situación de conflicto de intereses entre los progenitores o representantes legales y podrán tomarse decisiones urgentes sobre la guarda y custodia.
MÁS INFORMACIÓN
El Estatuto de la Víctima ahonda en el derecho a la información, desde lo relativo a la interposición de una denuncia hasta los servicios de asistencia médica o psicológica y el asesoramiento legal o económico al que tienen acceso.
Reconoce su derecho a los servicios de traducción, a recibir información concreta sobre la causa y sobre la fecha y lugar del juicio, a conocer las medidas cautelares o la puesta en libertad del encausado, siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situación de peligro.
Aquellas víctimas que decidan personarse en el proceso podrán ejercer la acusación y la acción civil, obtener indemnización, solicitar el reembolso de gastos y la restitución rápida y efectiva de los bienes. Cuando deseen ejercer la acción civil fuera del proceso penal estarán exentas del cobro de tasas judiciales.
Este tipo de mediación sólo será posible si la víctima consiente y el infractor realiza reconocimiento previo de los hechos y de su responsabilidad. Sus conversaciones serán confidenciales.
El ministro ha afirmado que el control de la ejecución del Estatuto tendrá un coste de 3,1 millones de euros y ha remarcado que el texto responde a un "compromiso político" --figuraba en el programa electoral del PP-- y da respuesta a la directiva europea que conminaba a regular esta materia. "España es el primer país de la Unión Europea que reúne en un solo texto legal todos los derechos de las víctimas", ha añadido.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la necesidad del anteproyecto de ley para que los poderes públicos den una "respuesta global" a las víctimas "no solo en términos jurídicos, sino también sociales" para evitar los efectos traumáticos que puedan derivarse del delito.
