MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La futura Ley de Residuos y Suelos contaminados calificará las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios, según consta en el anteproyecto de Ley que el Consejo de Ministros ha tomado este viernes en consideración.
El texto transpone una directiva europea y actualiza la legislación tras la experiencia adquirida en más de 10 años de aplicación de la primera ley general de residuos.
Así, la normativa europea establece que la nueva política de residuos deberá orientarse conforme al principio de jerarquía y garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente, maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de su producción y gestión.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), con el nuevo texto se moderniza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, sistematizando y clarificando obligaciones y simplificando trámites administrativos, de modo que se garantice la trazabilidad en las operaciones de gestión.
Por primera vez, se incorporan explícitamente los conceptos de fin de la condición de residuo y de subproducto para facilitar el aprovechamiento de los recursos y suprimiendo cargas innecesarias.
Además, obliga a las Administraciones Públicas a elaborar programas de prevención de residuos y a elaborar planes y programas de gestión en el ámbito de sus respectivas competencias. Igualmente, conforme a lo que establece la legislación comunitaria, antes de 2015, se establecerá la recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos, así como un objetivo para los domésticos y similares del 50 por ciento de preparación para la reutilización y reciclado antes de 2020.
En el mismo año, los residuos de construcción y demolición deberán alcanzar un objetivo del 70 por ciento en reutilización, reciclado y valorización material.
REGULACIÓN DE LOS BIORRESIDUOS
Además, por primera vez se regularán los biorresiduos al objeto de fomentar su reciclado y aprovechar de forma óptima sus recursos. Esta regulación prevé que los productores de productos que con su uso se convierten en residuos se involucren en la prevención y gestión de los mismos.
Para los sistemas que se creen con este fin, se establece un procedimiento coordinado de autorización para armonizar su funcionamiento en todo el Estado.
Por otro lado, se regularán las obligaciones de información sobre la gestión de los residuos al objeto de disponer de datos precisos y fiables, básicos para el control de la gestión y la evaluación de la eficacia de la aplicación de las políticas de residuos. También se creará una Comisión Técnica de residuos como órgano de cooperación y colaboración entre las autoridades competentes en materia de residuos.
Por otro lado, se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de residuos, y se matizan, entre otros, aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos. El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones.
Asimismo, se ha clarificado y completado el régimen sancionador.
