De la Vega se muestra "muy partidaria" de protocolos de actuación para los medios de comunicación "sin ocultar la información"
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó hoy la detección de una "ligera tendencia" de disminución de los malos tratos contra las mujeres ejercidos por parte de sus parejas o ex parejas. Tras señalar también un aumento de las denuncias por esta cuestión porque "hay más información", lamentó, sin embargo, que "la situación de base no ha cambiado".
"Mientras haya una sola mujer maltratada, el Gobierno seguirá trabajando sin descanso", aseguró la portavoz del Ejecutivo, tras el análisis en el Consejo de Ministros del primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Así, dijo que se animará a "rebelarse, alzar la voz, denunciar, que la sociedad entera aliente a las denuncias" y se actuará para garantizar "una vida digna a las mujeres que sufren malos tratos".
Según el informe, el maltrato técnico se ha reducido desde 1999 a 2006 del 12,4 al 9,6 por ciento y el declarado, del 4,2 al 3,6 por ciento. Además, el texto del que ha tenido conocimiento del Gobierno, a instancias del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, concluye que el número de denuncias por violencia de género ha aumentado más del 70 por ciento en ese período.
"Nos preocupa mucho el número de mujeres y muertas a pesar de leve disminución", agregó De la Vega en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, garantizando que el objetivo sigue siendo el de lograr que no haya una sola mujer muerta por malos tratos ni que sufra la violencia a manos de sus parejas o ex parejas. También celebró algunos datos "muy interesantes y esperanzadores", como que cada vez haya más mujeres que puedan rehacer su vida.
En todo caso, entiende que el desafío de terminar con esta problemática no es de corto plazo sino que requiere tiempo, pero aseguró que la Ley Integral contra la Violencia de Género empieza a dar sus frutos. Así, recordó el incremento "notable" de recursos y medios, una dotación de más de 200 millones de euros, el aumento en un 117 por ciento de los efectivos y las unidades especializadas de atención a víctimas, así como 83 juzgados especiales.
Entre las conclusiones del informe, elaborado por un grupo de expertos del Observatorio (órgano consultivo del Gobierno formado por administraciones públicas, ONG de mujeres, sindicatos y patronal y expertos), destaca el hecho de que los casos mortales se acumulan en días consecutivos y que la norma no ha calado igual entre la población extranjera. También recoge algunas precisiones de las comunidades autónomas, y contiene 80 propuestas para prevenir la violencia y mejorar la atención a las víctimas.
INCREMENTO DE ESTRANGULAMIENTOS Y TRAUMATISMOS.
En este documento, se pone de manifiesto cómo la Ley Integral ha favorecido un descenso en los casos de homicidios con armas de fuego, armas blancas y uso directo del fuego, pero ha producido un incremento en el uso de otros métodos, como el estrangulamiento y los traumatismos contusos. Así, los expertos consideran de gran interés el hecho de que "cada vez se recurre más a instrumentos que se encuentran en el entorno del agresor y, por tanto, de más fácil acceso".
Además, el informe señala que los crímenes se acumulan en determinados meses del año, especialmente en verano y navidad, y que también ha aumentado el número de métodos mixtos en los asesinatos, lo que indica un mayor componente de violencia en muchos casos y que la ley ha incidido en un incremento de los homicidios entre ex parejas, frente a una disminución entre las parejas y un aumento de la comisión de estos crímenes fuera del domicilio conyugal.
La presentación al Gobierno del informe, de 166 páginas, que coincide con la celebración hoy del segundo aniversario de la aplicación completa de la Ley. En él, los expertos alertan también de la acumulación de casos de asesinatos en los días posteriores a uno previo, con un porcentaje del 50,4 por ciento de los homicidios en este caso.
Otra de las conclusiones recogidas es que la Ley no ha calado ni ha tenido la misma eficacia entre la población española que entre la extranjera, aconsejando realizar un estudio sobre la situación de las extranjeras en situación irregular que sufren violencia de género, además de promover una campaña específica para este colectivo, incorporando esta información en los expedientes de concesión de autorizaciones de residencia y tarjetas de extranjeros.
Ante todo ello, los especialistas plantean cuatro propuestas de actuación general son: crear una base de datos a partir de los indicadores establecidos, formación y especialización, coordinación, seguimiento y evaluación de las distintas medidas y sensibilización y prevención. Además, expone una serie de recomendaciones concretas para los ámbitos educativo, sanitario, de la Seguridad Social, económico, asistencia social, forense y jurídico.
Respecto al consejo de estos expertos de que los medios de comunicación y la publicidad tengan en las redacciones periodistas con especialización en temas de género, capaces de aplicar enfoques "no androcéntricos" a las noticias y reportajes y avanzar en la autorregulación para velar por el cumplimiento de la ley en materia publicitaria, De la Vega se mostró "muy partidaria" de diseñar protocolos de actuación de la prensa en temas tan delicados como éste.
"Lo hemos hecho con los medios en materia de menores e infancia y estamos dispuestos a trabajar para acordar otros similares en violencia de género porque es evidente que es tema delicado", manifestó la vicepresidenta del Ejecutivo. A su juicio, es necesario abordar esta problemática "sin ocultar la información" pero desde una perspectiva "más eficaz" y que promueva un "tratamiento digno" para las personas que sufren esta violencia.
CAMPAÑA PUBLICITARIA Y SUBVENCIONES DE 6,5 MILLONES.
En esta línea, el Consejo de Ministros autorizó hoy, a instancias de Caldera, una campaña de publicidad de ámbito estatal con el objetivo de promover acciones de información y sensibilización contra la violencia de género. Realizada por la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer se ejecutará entre julio y septiembre de 2007 con coste estimado de 4,9 millones de euros.
El Gobierno pretende con esta iniciativa buscar la complicidad de toda la sociedad en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; informar a las victimas de sus derechos y de los medios previstos para su protección a los que puede acceder tanto ella como su entorno y lograr que la sociedad rechace y aísle a los que maltratan a las mujeres.
Además, el Ejecutivo aprobó un real decreto que regula la concesión directa de 6,5 millones de euros en subvenciones a determinadas comunidades autónomas y entidades locales para el desarrollo de proyectos innovadores que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género.
Su finalidad es mejorar las prácticas de intervención en materia de asistencia social integral realizadas hasta el momento en el ámbito autonómico y local e iniciar la puesta en marcha de experiencias integrales que desarrollen los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y personal multidisciplinar.
