VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, criticó hoy los "continuos bandazos" del Gobierno central en la política de inmigración y acusó al Ejecutivo de "deslizarse por el tobogán de las contradicciones, por permitirá denegar el padrón por 'inhabitabilidad' cuando apenas unos días, defendía el empadronamiento de todos los inmigrantes, incluidos los irregulares, acusando, además, a otras formaciones políticas de situarse en la extrema derecha tras los casos de Vic y Torrejón".
Rafael Blasco incidió, en un comunicado, en que "el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no quiere resolver los problemas que tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas a la hora de atender como es debido a los inmigrantes porque la cuestión, además del padrón, es la financiación de los ayuntamientos".
"Hace un par de años el Gobierno propugnaba papeles para todos e impulsó una regularización masiva de inmigrantes. Ahora tiene las consecuencias de esta política y quienes las sufren son los ayuntamientos y las comunidades", dijo el conseller, quien recordó que "la competencia de la inmigración no es de los ayuntamientos sino del Gobierno a los que no se puede trasladar la responsabilidad de decidir sobre las condiciones de vida y los derechos de los inmigrantes en nuestro país".
"La Generalitat invierte 1.727 euros por inmigrante cuando el Gobierno de España la reduce a 26", puntualizó Blasco. Agregó que, para acabar con esta "discriminación", sobre todo hacia aquellas provincias y comunidades con mayor número de inmigrantes, el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados ha exigido al Gobierno en la reforma de la Ley de Extranjería una financiación de acuerdo con los inmigrantes residentes en cada región y estableciendo una cuantía fija por persona de origen extranjero.
Además, la Generalitat "impulsa una política de integración, basada en derechos y deberes para los inmigrantes, perfectamente adaptada a las directivas europeas y con el Compromiso de Integración como muestra de la voluntad del inmigrante y extranjero de formar parte de nuestra sociedad", subrayó.
"Cada vez que se ha planteado una propuesta seria y rigurosa para tratar la inmigración, ha sido desnaturalizada por Zapatero e, inmediatamente, después asumida. El último episodio se ha vivido en varios ayuntamientos españoles donde después de intentar poner orden en los pisos patera el Gobierno ha tenido que asumir esta propuesta tras rechazarla de manera contundente", opinó el conseller.
Blasco manifestó además que Zapatero "recorta en los presupuestos del Estado las transferencias a las comunidades en un 46,49%, en total 103 millones de euros, pasando de 221 a 118 millones de euros cuando sólo la Generalitat destina anualmente a la inmigración más de 1.500 millones de euros".
"PERJUICIO" ECONÓMICO Y SOCIAL
"El perjuicio es económico y social teniendo en cuenta que la Comunitat es, en términos porcentuales, la primera región peninsular en materia de inmigración", advirtió.
Blasco comentó que la asignación del Gobierno para el Fondo de Acogida "se reduce a 35 euros por inmigrante y año", una cifra que en el caso de algunas comunidades, como la valenciana, se reduce hasta los 26 euros". Frente a esta "discriminación", la Generalitat invierte anualmente 1.525 millones de euros destinados a educación (500 millones); sanidad (982); vivienda (12,6), acogida e integración (20,91) y políticas de bienestar (9,74) y el Gobierno reduce esta inversión social en la Comunitat a apenas 22,9 millones de euros, concluyó.
