Reclaman la creación de un cuerpo público de profesionales de la cooperación
MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
Los contratados externos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que fueron desalojados de la sede a mediados de abril han reiterado este lunes su interés en mantener un encuentro con la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, o con la directora de la AECID, Elena Madrazo, para abordar su situación laboral.
Casi 80 trabajadores de la AECID con contratos administrativos de obra y servicio fueron desalojados el pasado 23 de abril de sus despachos en la sede de la agencia después de que el Ministerio de Economía y Hacienda constatara que las funciones que venían realizando no se ajustaban a lo estipulado en sus contratos, entre otras cosas porque cumplían unos horarios en unos despachos de la agencia como si fueran funcionarios.
A través de un comunicado, los afectados han querido hacer pública su postura así como una nueva llamada al diálogo con la dirección de la agencia sobre la situación.
Los afectados reconocen en primer lugar que la relación contractual que mantienen con la AECID responde a la modalidad de "consultoría de servicios", pero precisan que el trabajo que estaban desempeñando hasta su desalojo "respondía en la mayoría de los casos a necesidades de la propia estructura, generadas por el aumento de los fondos destinados a cooperación" que en los últimos años llevó a cabo el actual Gobierno, que acaba de anunciar un recorte de 800 millones de euros en la ayuda al desarrollo para este año y el siguiente.
El colectivo de asistencias técnicas, señalan, ha llegado a representar aproximadamente el 10 por ciento del personal actual de la AECID en sede e incluye en su seno a "expertos con experiencia de años trabajados en países en desarrollo" con la propia agencia o con ONG y otras entidades, así como "técnicos de universidades, empresas y ONG" y personal formado por la propia AECID a través de sus programas de becas. Algunos de ellos, añaden, cuentan con un historial de servicio en la AECID de más de 10 años.
DECISIÓN UNILATERAL
Critican que la decisión del desalojo fuera tomada "de manera unilateral" por la AECID y "sin diálogo previo ni comunicación oficial a las partes afectadas, a pesar de múltiples solicitudes de diálogo por parte de este colectivo a lo largo de los últimos años".
Y se quejan de que tampoco se haya articulado un "plan organizado de salida o reparto de funciones, por lo que este hecho agudiza el grave problema de recursos humanos que sufre la AECID, ante la incapacidad de cubrir vacantes, bajas o ceses del personal funcionario o diplomático, muy habituales en la institución".
"Ante la precarización constante de la situación laboral en AECID, acelerada por el desalojo de una parte importante de su personal técnico, reiteramos nuestra propuesta de la creación de un cuerpo público de profesionales en cooperación y/o la contratación laboral de técnicos formados y/o con experiencia en la materia, tanto en la sede de la institución como en el exterior", continúan.
En su opinión, la creación escalonada y previsible de puestos en la institución, objeto primordial de la reforma de la AECID, "ha sido desaprovechada por la institución, a pesar de lo que prevén tanto la Ley de la Agencias como el Estatuto de la AECID y su Contrato de Gestión y recomiendan las evaluaciones nacionales e internacionales, como el reciente Informe del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
El colectivo manifiesta que "nunca ha pretendido una 'funcionarización' de los puestos de trabajo que ha venido desempeñando, sino una relación laboral digna, bajo la apropiada modalidad por parte de la AECID y adecuada a la responsabilidad desempeñada en cada puesto". De ahí que ante la falta de una propuesta de solución adecuada por parte de la agencia, más de una treintena de personas con contratos de asistencia técnica han presentado demandas ante Magistratura.
El colectivo de afectados considera que su situación laboral "incide" de manera negativa en una gestión coherente y de calidad de la ayuda al desarrollo, "un compromiso del Gobierno actual que, si bien es cierto que ha realizado un esfuerzo presupuestario destacable durante los últimos años --pese al drástico recorte de 800 millones de euros anunciado recientemente_-, no ha acompañado ese incremento de los recursos humanos necesarios para gestionarlo", concluye.
